La financiación local, asignatura pendiente

La financiación de los Ayuntamientos enfrenta a los partidos políticos valencianos y es todavía una asignatura pendiente. El PP reclama al Gobierno de España más recursos y el PSPV-PSOE, al Consell de la Generalitat, un fondo económico no condicionado que garantice la prestación de servicios. La séptima legislatura de las Cortes Valencianas, que acaba de concluir, ha dejado una Ley de Régimen Local nacida sin consenso. La dotación del Fondo de Cooperación Municipal, creado en la norma pero sin ninguna asignación económica concreta, sigue separando a los dos grandes partidos, que hace un mes dieron por rotas las negociaciones que mantenían sobre el decreto que ha de desarrollar la nueva ley valenciana.

Los socialistas critican que la ley valenciana no compromete fondos

El PP dice que el Gobierno incumple la promesa de una nueva ley

El contexto en el que se produce la discusión es especialmente acuciante, dado que los municipios han visto mermados sus ingresos como consecuencia de la crisis económica. De un lado, porque ha bajado la recaudación de las tasas e impuestos que gestionan, de otra porque las transferencias que reciben de los Presupuestos Generales del Estado a cuenta de una posterior liquidación, han disminuido, mientras les acecha la perspectiva de liquidaciones negativas, a favor del Estado en próximos ejercicios.

Sobre el panorama general de la deficiente financiación de la Administración local en España, la Ley Valenciana de Régimen Local fue aprobada en junio de 2010 con los votos favorables del PP y la Coalició Compromís, la abstención de Esquerra Unida y el voto en contra de los socialistas. Se trata de una ley de desarrollo estatutario, emanada del Estatut d'Autonomia reformado en 2006, y no era una buena noticia que naciera sin un amplio acuerdo. De hecho, no ha resuelto el espinoso tema de la financiación.

Para su artífice, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, la ley contribuirá a mejorar la financiación de los municipios porque crea el Fondo de Cooperación Municipal. Sin embargo, su primera dotación, en los presupuestos de la Generalitat para 2011, apenas supera los cinco millones de euros, una cifra muy alejada de las reclamaciones que hizo en su día la Federación Española de Municipios y Provincias. Hablamos de lo que el Consell denomina "fondo incondicionado" y que en los borradores de decreto que ha elaborado se diferencia de otro "fondo condicionado" cuya asignación económica recogería las inversiones concretas de la Generalitat en los municipios. Por otra parte, Blasco ya advirtió al presentar la ley de que "la cuantía del Fondo de Cooperación Municipal se incrementará en función de la mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana por el Ejecutivo central". Con ello, condicionaba el fondo municipal a la reclamación de una mejor financiación autonómica.

El diputado socialista y alcalde de Morella, Joaquim Puig, esgrimió durante el debate parlamentario un informe de Presidencia que reconocía que la Ley Valenciana de Régimen Local era una norma de "coste cero". "Esta es una ley de Blasco, de esas que él hace y tienen que reformarse al poco tiempo", afirmó entonces. "Si no recoge la financiación local, no sirve para nada". El secretario de Política Municipal de la ejecutiva del PSPV-PSOE y alcalde de L'Eliana, José María Ángel, por su parte, ha reiterado la reclamación de una financiación no condicionada de los municipios en la línea de la denominada Declaración de Elche, en la que la Federación Española de Municipios y Provincias fijó en 70 euros por habitante el reparto de fondos incondicionados (no destinados a proyectos o inversiones concretos) por parte de las comunidades autónomas a los Ayuntamientos.

A efectos de la Comunidad Valenciana, la aplicación de ese reparto con criterio de población supondría más de 350 millones de euros anuales. El PP evitó introducir cifra alguna en la Ley Valenciana de Régimen Local y los posteriores contactos con los socialistas para desarrollar el fondo no han conducido a acuerdo alguno.

Mientras tanto, Blasco y otros dirigentes del PP recriminan al Gobierno de España que no haya elaborado una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local ni haya concretado la nueva financiación local, como ha exigido la Federación Española de Municipios y Provincias. El PP acusa al Gobierno de "engañar a los Ayuntamientos" porque ha incumplido su promesa, mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha dicho en el Congreso de los Diputados que los recursos de los Ayuntamientos no pueden depender solo de las aportaciones del Estado, sino también de las comunidades autónomas.