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Cae una red que 'legalizaba' caravanas de desguace

Arrestados 21 inspectores de ITV y cinco ingenieros

La Guardia Civil ha desmantelado una red que operaba en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alicante, que ha vendido 33 caravanas siniestradas en las inundaciones de Francia de 2008 que fueron declaradas no aptas para circular. Entre los arrestados hay 21 inspectores de ITV, cinco ingenieros industriales y el gerente de la empresa que adquiría y luego revendía los vehículos, cuyo destino debería haber sido el desguace.

La investigación ha cifrado el monto de la estafa en 1.050.000 euros. La banda compraba las caravanas por 9.000 euros y las ofrecía por cantidades de entre 35.000 y 40.000 euros.

La operación policial se remonta al verano de 2010, cuando los agentes del instituto armado tuvieron conocimiento de la venta de esos vehículos, que deberían haber sido destruidos dado su avanzado grado de deterioro a causa de las riadas del país vecino. Como consecuencia de esas lluvias torrenciales fueron declaradas siniestro total e inservibles un total de 414 caravanas. Los vehículos fueron adjudicados a una empresa de la República Checa para su desguace. Sin embargo, la empresa optó por volver a ponerlos en mercado con ligeros retoques, como soldar los largueros cortados. También sustituyó las placas de los números de identificación por pegatinas falsas y nuevos troquelados.

Informes ilegales

Más adelante, una empresa radicada en Alicante compró 33 de esas caravanas a la mercantil checa, a 9.000 euros la unidad. Para su circulación en España, los vehículos pasaron varios informes favorables de manera ilegal, ya que vulneraban la legislación española y estatal por el riesgo que entrañaban para la seguridad del tráfico.

Los ingenieros detenidos fueron los que expidieron las tarjetas de inspección técnica falsas. Con la documentación aparentemente en regla, la empresa puso a la venta las caravanas. Los compradores han sido todos ciudadanos españoles.

La Guardia Civil imputa a los arrestados los delitos de falsedad documental, contra la propiedad industrial y estafa. Los detenidos han pasado a disposición judicial.

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