El contenido de la botella

Algo más de 250.000 barceloneses -el 21% del censo llamado a votar el próximo 22-M- participaron el 10 de abril en una consulta no vinculante para responder a la pregunta: "¿Está de acuerdo en que la Nación Catalana devenga un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?" No se trataba, por supuesto, de satisfacer una curiosidad, ya contestada por los sondeos de opinión. El objetivo era reivindicar la convocatoria de un auténtico referéndum en los mismos términos previa reforma de la legislación vigente y la Constitución.

El 90% de las contestaciones afirmativas fue el eco de los planteamientos ideológicamente soberanistas de los redactores de la pregunta. La movilización en el experimento de casi 900.000 vecinos de los 550 ayuntamientos catalanes (incluida Barcelona) convocados a las urnas desde hace año y medio -el 18% sobre el censo- ha sobrepasado las expectativas de los organizadores. No hay razón alguna para suponer la existencia de irregularidades mayores en el recuento de los votantes y de las papeletas. Según el Centre d'Estudis d'Opinio (CEO), un 24,5% de encuestados se manifiestan a favor de un Estado catalán independiente y un 19,4% se definen como solo catalanes. El porcentaje de soberanistas registrados por diversos sondeos desde la transición ha girado en torno al 20%, porcentaje incrementado al parecer tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

Casi el 21% del censo de Barcelona votó la consulta informal sobre la independencia de Cataluña

La interrogante acerca del carácter decepcionante o satisfactorio de la consulta recuerda la pregunta sobre el contenido de una botella descorchada, medio vacía o medio llena según el punto de vista de los interrogados. No cabe despachar el resultado con gesto despectivo: los 900.000 participantes en la consulta hubieran supuesto el 40% de los votantes en el referéndum del Estatuto de 2006. Las dificultades para llevar a cabo esa voluntarista consulta al margen del aparato del Estado y sin la cobertura propagandística y publicitaria propia de las campañas oficiales son evidentes. Mayor interés tendría que preguntarse sobre la eventual modificación cuantitativa -al alza o a la baja- del segmento de ciudadanos catalanes dispuesto a votar por la independencia en un referéndum vinculante oficial que igualase en medios y recursos a los defensores de esa opción con sus adversarios centralistas, autonomistas, federalistas o confederalistas.

El elemento decisivo para formular un pronóstico sobre una futura alteración del peso del soberanismo en la opinión pública sería el viraje de los partidos catalanes al respecto. La proposición de ley presentada el pasado 13 de abril en el parlamento catalán por Solidaritat Catalana per la Independència a favor de la independencia recibió el apoyo de 14 diputados sobre 135, el rechazo de 49 (PSC, PP, Ciudadanos) y la abstención de 72 (CiU e ICLV). Pero el presidente de la Generalitat y nueve de sus consejeros votaron sí en la consulta no vinculante del 10 de abril (al igual que Jordi Pujol), justificando su abstención en el Parlamento, no por su rechazo al qué, sino al cómo y al cuándo de la pregunta. Toni Castells, un antiguo consejero del PSC, también participó en la consulta.

La sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de 2006 ha despejado cualquier equívoco acerca de la imposibilidad técnico-jurídica de que una lectura abierta de la Constitución de 1978 pudiera hacer decir a la norma fundamental cosas que realmente la contradicen. Las tres vías disponibles a partir de ahora para resolver los litigios pendientes tras la sentencia son una reconsideración -al menos parcial- de las reivindicaciones del nacionalismo catalán, una reforma de la Constitución en las materias relacionadas con la distribución territorial del poder y la deriva soberanista de una parte del electorado de CiU y del PSC.

Si las relaciones de Cataluña con el resto de España -la conllevancia de la que hablaba Ortega en 1932- fuesen contempladas desde la perspectiva de la teoría de juegos, la figura resultante sería el dilema del prisionero: la cooperación leal, y no la competencia maximalista con utilización del engaño, constituiría en tal caso la estrategia recomendable a los dos actores. En las páginas de un reciente libro titulado ¿Aún podemos entendernos? (Planeta, 2011), Felipe González y Miquel Roca dialogan -conducidos por Lluís Bassets- sobre política española, europea y mundial. Ambos están de acuerdo al menos en un punto. "España debería tener conciencia -comenta González- de que puede gobernar un rato sin Cataluña" pero también "de que es una aventura peligrosísima gobernar contra Cataluña". Y Roca contesta que "para Cataluña no debería haber ningún problema que nos impidiera gobernar en España".