Y a la modernización de que no cobren los proveedores
El Consell también mira hacia otra parte a la hora de explicar la deuda que arrastra con las empresas proveedoras. La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, achaca la deuda con los proveedores de las sedes judiciales al esfuerzo realizado en materia de modernización y a las carencias que existían en la Comunidad Valenciana en materia de infraestructuras judiciales.
En una respuesta publicada en el Boletín Oficial de la Comunitat Valenciana (BOCV) el 28 de enero, Sánchez de León argumenta que el esfuerzo de modernizar lo está asumiendo la Generalitat en solitario "debido a un arbitrario sistema de financiación de las comunidades autónomas por parte del Estado". Y aprovecha su línea argumental para reclamar de nuevo una financiación que tenga en cuenta "criterios objetivos como la población real, el coste de los servicios prestados o la incorporación de un número mínimo de jueces por habitante".
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