La Xunta exime a Baltar del control de las oposiciones a funcionarios
Rueda reprende a 147 alcaldes mientras apela a la "autonomía" de la Diputación
La Xunta no investigará las oposiciones de la Diputación de Ourense por respeto "a la autonomía municipal". Pero sí fiscaliza cada prueba de acceso a los ayuntamientos y ya ha enviado requerimientos a 147 alcaldes (de todos los colores) para que adapten las bases a los principios de mérito y capacidad, como exige la Constitución. Entre ellos, el de Allariz, gobernado por el BNG y donde el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, concurre como candidato.
La sesión parlamentaria de ayer retrató un modo de entender el poder. Y las varas de medir que maneja el Gobierno de Feijóo. Si la mera denuncia de Alfonso Rueda y Miranda es suficiente para abrir una investigación a Unións Agrarias -en la que se implican tres consellerías, entre ellas la del propio Rueda, además de dos denuncias judiciales del PP-, las contrataciones masivas de militantes populares en la Diputación de Ourense no merecen reflexión alguna por parte de la Xunta. O sí. "Somos capaces de llegar a acuerdos con las diputaciones porque no las criminalizamos", aseveró el conselleiro de Presidencia. Luego hizo una defensa de la "autonomía municipal" y ante las denuncias del PSOE de que Baltar tiene a 113 concejales en nómina de la Diputación, Rueda respondió que seguro que las de Lugo y A Coruña emplean también a ediles socialistas. No ofreció más datos. Llegó entonces el turno de Miranda y este dejó bien claro que sabía de qué hablaba.
El portavoz del PP explicó que la Xunta envió un requerimiento a Allariz porque ese municipio incumplió en las bases de una convocatoria de empleo los principios de mérito y capacidad. Sobre Baltar, a quien se enfrentó por la presidencia del partido en Ourense, ni una sola palabra.
Tampoco Rueda osó cuestionar al barón provincial: lo más que deslizó fue que las diputaciones deben modernizarse.
Un somerísimo reproche, pero mucho más de lo que había admitido antes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el mismo pleno. Tras ser preguntado por el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, sobre cómo casa su publicitada regeneración con las prácticas de Baltar y Louzán o "la persecución a Unións Agrarias", el presidente acusó a Vázquez de adjudicar contratos a dedo en el bipartito e incluso citó las advertencias de la Junta Electoral Central a TVG entonces por vulnerar la neutralidad informativa. Justo antes de los aplausos con que su grupo le despide cada miércoles en el hemiciclo, Feijóo dejó un anuncio trascendente: "Quiero saber si usted también está a favor de investigar todo lo que huela a fraude de fondos públicos".
Sin turno de réplica, el guante lo recogió el viceportavoz socialista, José Luis Méndez Romeu. "Empiece por la Operación Orquesta" que investiga el juzgado de Corcubión, donde fueron detenidos los alcaldes populares de Fisterra y Mazaricos y un independiente que gobernaba con los socialistas en Cee por amañar contratos. Tampoco esa invitación tuvo respuesta del conselleiro Rueda. Cinco días después de que este diario publicase conversaciones grabadas por la policía que destapan una red de asociaciones juveniles para captar fondos de la actual Consellería de Cultura y favorecer al PP de Corcubión, que se sepa la Xunta tampoco ha indagado sobre este caso. Ni sobre el uso de las ayudas europeas que sentó ante el juez al superdelegado de la Xunta en Ourense por malversación de fondos públicos, como recordó un diputado desde su escaño.
Visto que la Xunta no prevé nuevas pesquisas sobre desvío de subvenciones, la oposición se centró en el caso de Unións Agrarias (UU AA), en el que el PP empezó denunciando una red de financiación ilegal del PSOE y ha acabado poniendo en duda las ayudas concedidas ya por la actual titular de Traballo, Beatriz Mato, a 13 asociaciones, cuya devolución se plantea exigir. Romeu arrancó con un recuerdo al secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, que siguió el debate en la tribuna de invitados. "Quiero comenzar saludando a la representación de UU AA, una víctima de la persecución de este Gobierno con el desprecio de la ley y del Derecho". El diputado llegó a citar El cementerio de Praga de Umberto Eco y comparó las prácticas de la Xunta con los trámites previos a la "solución final" del genocidio nazi. "Queremos saber por qué aquí hay dos altos cargos imputados [dos directores generales de Presidencia, que el sindicato denunció por abuso de poder] y no pasa nada", clamó.
El diputado del BNG Alfredo Suárez Canal tampoco escatimó metáforas. Habló del macartismo y de las investigaciones a presuntos comunistas perseguidos por la Administración republicana de EE UU a mediados del siglo pasado. "No contarán con el BNG para perseguir a sindicatos, con nosotros no habrá caza de brujas", avisó en un tono durísimo, por si el PP tenía dudas sobre la postura del Bloque acerca de otra investigación a UU AA, esta vez en el Parlamento.
Rueda, que en junio pasado dijo tener pruebas documentales de la financiación ilegal del PSOE, se limitó a citar supuestas irregularidades laborales -algunas de ellas descartadas ya por los directores generales que comparecieron en el juzgado- y argumentó que lo irresponsable hubiera sido no actuar. Pese a que no hay antecedentes en la historia de la autonomía de que su departamento investigase subvenciones, Rueda lo calificó como "un trámite habitual". El PP escondió en esta ocasión a Miranda, autor de las más graves acusaciones contra el sindicato. En su lugar, el portavoz parlamentario, Pedro Puy, citó los mismos indicios que Rueda y buscó refugio en una cita de Montesquieu para concluir que también los sindicatos deben ser investigados: "La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". Por lo visto ayer en el hemiciclo, Baltar y algunos alcaldes del PP sí están a salvo de la cita.
