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Columna
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Portugal

España tiene más de 1.400 empresas instaladas en Portugal -muchas de ellas gallegas- que han realizado inversiones multimillonarias en los últimos años y representan un porcentaje importante del PIB portugués. La deuda lusa con España (pública y privada) supera los 75.000 millones de euros y representa un tercio de toda la deuda del país vecino. Por último, las relaciones comerciales entre ambos países es muy intensa, hasta el punto de que nuestras exportaciones a Portugal son el doble de las que realizamos a toda América Latina.

Así pues, se comprende perfectamente la preocupación que se extendió por toda Galicia cuando la crisis económica que atraviesa Portugal combinada con la crisis política derivada del rechazo parlamentario al Plan Sócrates, condujo irremendiablemente al llamado rescate de la economía portuguesa. Por cierto, sorprende enormemente que ante estos hechos y la general preocupación que generan, al insigne presidente de la Xunta solo se le ocurriera calificarlos como advertencia de lo que puede pasar en España, como si deseara fervientemente que tal cosa ocurriese. Quizá Feijoo, una vez colocado su venenoso mensaje, debería dedicarse, en colaboración con las instituciones económicas de ambos países, a diseñar un proyecto que limite en lo posible el impacto que la situación portuguesa pudiese tener en nuestra economía y en nuestra sociedad. Pero esperar tal cosa de nuestro presidente probablemente sea una quimera.

Feijóo debería diseñar un proyecto que limite el impacto de la crisis lusa en nuestra economía

Pero de lo que está ocurriendo en el país vecino es preciso sacar otras conclusiones. Desde mi punto de vista, además de la tragedia económica y social que representa, el caso portugués es un ejemplo paradigmático de la degradación profunda que está sufriendo la política y la democracia. Habrá quien vea en esta afirmación un elevado grado de catastrofismo o el anuncio de un nuevo Apocalipsis. Al que así piense le recomiendo que reflexione sobre lo que significa que la Comisión Europea anuncie un plan de rescate de la economía portuguesa, aportando para ello unos 80.000 millones de euros a altos tipos de interés, a cambio de lo cual exige un duro plan de ajuste consistente en drásticos recortes de la inversión y el gasto social, privatizaciones masivas del patrimonio público y una reforma leonina del mercado laboral al que solo le falta incorporar el ius prima nocte. Pero la Comisión Europea añade algo más: éste es el programa económico portugués, gane quien gane las elecciones. Con estas decisiones, ¿no estamos teorizando el fin de la democracia, cuya esencia radica, precisamente, en la capacidad de elegir y decidir entre opciones diferentes, dentro del respeto a las reglas del juego previamente pactadas?

Es cada día más evidente que el proceso globalizador, sin control democrático y contrapeso político, está produciendo un crecimiento espectacular de las desigualdades tanto entre países como en el interior de cada nación. Se hace, pues, más necesario que nunca recuperar la centralidad de la política a través de cuya intervención se pueda establecer una regulación eficaz del mercado de capitales y producir un reparto mundial de la riqueza, del mismo modo que la política y el Estado tuvieron que intervenir, en su día, para corregir los estragos que generaba el capitalismo industrial.

En los albores del nuevo siglo, el dilema al que nos enfrentamos es muy claro: ¿Quién debe gobernar el proceso mundial y dirigir el cambio social? ¿Las leyes de unos mercados no sometidos a control alguno, apoyados en unas organizaciones internacionales a su servicio (Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), o los poderes políticos democráticos, que respondiendo al interés general puedan globalizar y democratizar la riqueza y el bienestar? Dicho en otras palabras, aceptamos el vaciamiento de la democracia o profundizamos en ella en todos los ámbitos. En cualquier caso, desgraciadamente, por algún tiempo no podremos repetir aquel entrañable "menos mal que nos queda Portugal".

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