Compromís cree que salió reforzado de su ruptura con EU

"A veces, para avanzar, las crisis no son malas: sales reforzado". Así comentó ayer el portavoz parlamentario de Compromís y candidato a la presidencia de la Generalitat, Enric Morera, los efectos que ha tenido a lo largo de la legislatura que ahora se acaba la ruptura inicial de su grupo con Esquerra Unida. "Hemos sabido gestionar las discrepancias", señaló por su parte la diputada Mònica Oltra, "y no hemos perdido energías intentando imponer el criterio propio. Hemos confiado mucho los unos en los otros. No es casual que seamos el grupo más productivo de estas Cortes".

Morera, Oltra y la también diputada Mireia Mollà -faltaba el cuarto componente del grupo, Josep Maria Pañella- aportaron cifras para justificar la afirmación de que Compromís ha sido el grupo más activo. Un total de 7.358 iniciativas parlamentarias, entre proposiciones de ley y no de ley, preguntas orales y escritas, interpelaciones o solicitudes de comparecencia, avalan la afirmación.

Oltra destacó las iniciativas parlamentarias contra la corrupción, como la creación de una oficina antifraude o la exigencia de mecanismos de transparencia en el funcionamiento de las empresas públicas y las fundaciones de la Generalitat. "Estamos preparados para ser una opción de gobierno", aseguró Morera, quien explicó que la coalición presentará unas 300 listas municipales el próximo 22 de mayo. "Vamos a ser la sorpresa electoral", vaticinó.

Cese de asesores

Para demostrar que no baja la guardia, Compromís anunció ayer una consulta a la Junta Electoral sobre lo que considera una irregularidad. Según explicó Mireia Mollà, de acuerdo con lo que prevé la ley valenciana de la Función Pública, los asesores contratados por los consejeros de la Generalitat como personal eventual deben cesar desde el momento en que han quedado disueltas las Cortes y los miembros del Consell han pasado a mantener sus cargos "en funciones".

"El personal eventual nombrado a dedo debería cesar automáticamente", aseguró Mollà, quien puso como contrapunto la legislación de Navarra que, a diferencia de la valenciana, especifica que los asesores seguirán en sus puestos mientras el Gobierno autonómico esté en funciones. No ocurre así en el caso valenciano, que afecta a 125 asesores nombrados por los consejeros. Otros 58, que son también funcionarios, deberían volver a sus puestos originarios en la Administración, según Mollà.