La autoridad moral del PP

El PP ha dado un paso más en su estrategia de exprimir hasta la extenuación el caso de los intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE). El pasado lunes, presentaba una querella contra 26 personas relacionadas con el asunto.

Los denunciados están siendo investigados ya por la juez Mercedes Alaya desde hace más de dos años. La querella del PP es irrelevante. Es más, los que ocuparon cargos en la Junta ya están imputados, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, o el exdirector general de Trabajo, y responsable de la distribución de los fondos, Javier Guerrero.

Sorprende que el PP no hayan incluido en la querella a todos los intrusos. ¿Temen que haya algún militante o simpatizante del PP? Tampoco incluyen la presunta financiación ilegal del PSOE, acusación que airearon la pasada semana con gran acompañamiento de su trompetería mediática, ni al exconsejero José Antonio Viera.

En la presentación de la querella, el PP ha coincidido con el sospechoso seudosindicato derechista Manos Limpias.

El fin último que persigue el PP no es tanto saber la verdad que, muy a su pesar, está siendo revelada por la propia Junta y trasladada a la juez Alaya, sino amplificar el caso para presentarlo como lo que no es: el mayor escándalo de corrupción de la edad contemporánea (es decir, desde la Revolución Francesa a hoy, 222 años), según Esteban González Pons.

La investigación abierta por el consejero de Empleo, Manuel Recio, concluía que el dinero cobrado por los 59 intrusos asciende a nueve millones de euros. Representa el 1,39% de los 647 millones distribuidos en 10 años. Un dinero que será recuperado por la Junta.

Objetivamente, es un asunto grave. Pero, por ahora, dista mucho de ser el mayor caso de corrupción de la democracia española, como lo califican más discretamente Mariano Rajoy y Javier Arenas.

Ni por el dinero defraudado, ni por el número y la relevancia de los implicados, llega el tema de los ERE al nivel de la trama Gürtel. Una comparación que irrita profundamente a los populares y sus acólitos mediáticos.

Por ahora, en el caso Gürtel hay un centenar de personas imputadas o implicadas: el presidente de la comunidad de Valencia; varios consejeros de dos gobiernos autónomos (Madrid y Valencia); un presidente de Parlamento autonómico (Castilla y León); diputados nacionales y autonómicos; un senador; decenas de alcaldes y concejales y dirigentes populares de cuatro comunidades. Varios recibían comisiones o suculentos regalos de los cabecillas de la trama, quienes a su vez percibían generosas sumas de dinero de un nutrido grupo de empresarios a cambio de contratos ilegales con las administraciones públicas gobernadas por el PP.

Algunos ejemplos de ese trasiego de contratos y sobornos: el jefe de la trama, Francisco Correa, recibió de diversos empresarios 14,1 millones de euros en dos años. La mitad los destinó a pagar sobornos a altos cargos del PP. El juez Antonio Pedreira tiene bloqueados 21 millones de Correa en Suiza y otros 30 en Estados Unidos y ha cursado rogatorias a una docena de países en busca de más fondos e inmuebles de su propiedad.

Con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, los cabecillas de la trama inflaron el presupuesto de imagen y sonido hasta los 6,4 millones y se repartieron tres.

Solo en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, consiguió 85 contratos, por un valor de 7,2 millones, con la Administración entre 2004 y 2009, la mayor parte adjudicados de forma irregular. El Bigotes regaló a su amiguito del alma, Camps, trajes, zapatos y chaquetas por valor de 14.021 euros.

Mientras que Arenas y sus colegas del PP exculpen y minimicen el caso Gürtel, carecen de autoridad moral para pedir en Andalucía responsabilidades políticas por los ERE.