El Consell pagará 33 millones a plazos para restablecer el correo en los juzgados
El consejero de Solidaridad y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, aseguró ayer que el pago del servicio de Correos de los juzgados está resuelto. "Se ha facilitado la fórmula económica para poder financiar los gastos atrasados [con Correos]", prosiguió el también responsable del área de Justicia en el Consell, "no hay ningún argumento que justifique el retraso de ningún juicio". Blasco aprovechó para eludir su responsabilidad y acusar al Gobierno de que no transfiere todo el dinero que debería a la Comunidad Valenciana.
El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, aseguró a la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, que el problema estaba en vías de solución. Sin embargo, desde la Consejería de Economía, que es la que ha de autorizar el pago que rehabilite el servicio, no avalaron las afirmaciones de Blasco y Cabré. Además, la propuesta para la liquidación de la deuda acordada con Correos precisa que esta necesita la aprobación del Consell, que no la autorizará hasta el viernes. El plan de pagos establece la liquidación en tres años, tal como señalaron fuentes de la Consejería de Justicia, y señala que en este ejercicio la Generalitat deberá desembolsar más de 10 millones de euros, mientras que en los dos años siguientes se deberán abonar cantidades similares, hasta llegar a los 33 millones de euros que la Administración autonómica debe a Correos.
CC OO advierte de la suspensión del servicio de valija interna judicial
Mientras, solo en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ayer se acumularon más de 150 cajas con cartas, certificaciones y notificaciones que debían haber salido hacia usuarios, entidades y otras oficinas judiciales.
Después de la denuncia de la suspensión del servicio, desvelada por UGT, ayer CC OO alertó igualmente del "riesgo cierto de que en pocos días quede colapsada la justicia autonómica". CC OO hizo hincapié en la suspensión del servicio de comunicación entre juzgados, el sistema de valija interna que permite el traslado de documentos y expedientes entre todos los órganos judiciales, que también ha quedado paralizado. Enrique Campayo, delegado de CC OO en el Sector de la Administración de Justicia, aseguró que "la situación puede llegar a ser dramática". A juicio de CC OO, este "no es un problema puntual", sino que "evidencia la mala gestión", por lo que exige la depuración de responsabilidades.
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