Imputación

La abogada de Javier Guerrero, el imputado clave en el caso de los ERE, ha denunciado la presión policial a la que ha sido sometido su cliente para que declarase en contra de sus intereses. La letrada habla de amenazas y deja entrever la existencia de cierto pacto previo entre las partes para que declarase en un sentido determinado, apuntando hacia los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. No es la primera vez que se produce un incidente de este tipo. En otra ocasión, Guerrero tuvo que precisar que esa expresión, que tanto ha calado, sobre la existencia de un "fondo de reptiles" y que figura en el atestado policial, no salió de su boca, por lo que cabe colegir que fue añadida, de su propia cosecha, por parte de los agentes que llevan el caso.

Habrá que esperar a ver qué recorrido tendrá este incidente y sus posibles consecuencias, aunque cabe imaginar qué estarían ya diciendo desde el PP si esto hubiera sucedido en casos en los que fueran ellos los involucrados. De inmediato, habrían pedido la dimisión de, no ya el responsable policial concreto que hace gala, supuestamente, de tan expeditivos métodos, sino del mismísimo Rubalcaba.

No se espera que suceda algo de lo mismo en el bando del PSOE andaluz, que ha tratado de distinguirse, desde que estalló el escándalo, por no cuestionar ni criticar para nada a los investigadores judiciales y policiales con el fin de diferenciarse así de los populares y su comportamiento ante el caso Gürtel. Tampoco es que las circunstancias estén para que se compliquen la existencia, sobre todo tras conocerse la inminente imputación de Fernández, una posibilidad que podría tomar cuerpo oficial esta semana. Estaríamos entonces ante un punto de inflexión, toda vez que se elevaría el listón de presuntas responsabilidades hasta llegar a un antiguo miembro del Gobierno andaluz. Llegados a este punto, el clima se hará más irrespirable aún para los socialistas, que han de hacer frente a una nueva andanada en el Parlamento.

Y si bien ya desde hace algún tiempo se daba por amortizada la figura del exconsejero de Empleo, lo cierto es que al verse arrastrado en este escándalo, hace algo inútiles los esfuerzos para tratar de blindar al presidente Griñán. Los populares ya dan por cobrada la pieza del jerezano, y mantienen en su punto de mira tanto a Viera como a Chaves y al actual jefe del Ejecutivo, por mucha "autoinculpación" que se haya aplicado la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a propósito de los informes de advertencia de la Intervención General. Es ahora cuando cobran más valor recientes declaraciones de Fernández quien precisaba que nunca, ni él ni Viera, hicieron acuerdo alguno para "ahuyentar" la legalidad. Será la justicia la que lo determine finalmente. Mientras tanto, la oposición contará con más munición de primera para hacer su trabajo.