Un polvorín en TVG
Sentencias que reconocen despidos improcedentes, cierres de delegaciones y unas oposiciones que rechazan los sindicatos exasperan al personal del ente público
La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) tenía el pasado 31 de junio a 920 trabajadores en nómina, de los que 549 eran fijos y el resto, contratados a través de las tres sociedades que integran la corporación. Son datos del último cuadro de personal facilitado por la dirección del ente público y en él figuraban 91 personas que realizaban distintas tareas en cinco delegaciones territoriales de la televisión y la radio autonómicas que la cúpula de la compañía cerró el 30 de noviembre en Pontevedra, Ferrol, Burela, Oporto y Bruselas.
Las 91 cuentan con sentencias de tribunales que declararon sus despidos como improcedentes y decretaron la cesión ilegal de trabajadores en que habría incurrido las distintas productoras a través de las que trabajaban para el canal público.Otros 50 empleados de los centros territoriales que no tenían sentencia en primera instancia se quedaron fuera y la mayoría sigue pleiteando contra el ente público y las productoras para ser readmitidos.
El proceso amenaza más de 300 empleos en la radio y televisión públicas
Solo contará la experiencia en TVG. El trabajo en otros medios no se valora
Además de ellos, decenas de trabajadores de la radio y la televisión autonómicas que prestaron también sus servicios a través de subcontratas o empresas de trabajo temporal esperan también a que los jueces ratifiquen su relación laboral con TVG o la Radio Galega y los convierta en indefinidos hasta que por fin se celebren las oposiciones.
En ese contexto, el Consejo de Administración de la Compañía Radio Televisión de Galicia, -con los únicos votos del PP- ha convocado un concurso para optar a 193 plazas en CRTVG. A dos días de que se cerrase el plazo, que concluyó el pasado jueves, se habían inscrito 2.800 aspirantes que pelearán por un puesto en los medios públicos. La fórmula impuesta por los consejeros del PP para las pruebas pasa por un tribunal designado a dedo por el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, (nombrado a su vez por el PP) y un par de cientos de preguntas tipo test que se le entregará a todos los aspirantes. El baremo de méritos ni puntúa la formación ni ninguna otra experiencia que no sea el trabajo en medios de CRTVG o la Administración Pública. Y hace pensar a los sindicatos que todo está atado y bien atado. Ni siquiera algunos de los presentadores o voces conocidas de la radio tienen garantizado su continuidad en la cadena cuando el proceso termine. La condición adoptada en las bases por la dirección del ente de reconocer solo la antigüedad a aquellos profesionales de TVG y Radio Galega subcontratados que hayan presentado demandas judiciales (y hayan obtenido una sentencia favorable en primera instancia) aumenta el agravio comparativo con algunos de sus compañeros empleados directamente por alguna de las tres sociedades de CRTVG.
Para el resto de subcontratados que presentaron demanda y siguen sufriendo el colapso de los juzgados, los años trabajados en el ente no les sumarán puntos en la oposición. Si las pruebas concluyen antes de tener un fallo judicial favorable, ni siquiera tendrán derecho a indemnización. Su único consuelo será entrar en las listas de sustituciones del ente público.
Con este panorama, ya no es que ningún profesional de fuera pueda optar a un trabajo en los medios públicos mediante el actual sistema de oposiciones -algo que a estas alturas ya ni siquiera las centrales reclaman-, es que los sindicatos se temen que el PP haya cocinado unas oposiciones para colocar a unos cuantos elegidos. Algunos mensajes que la dirección de la compañía lanza en privado durante las últimas semanas apuntan en esa dirección. Cargos intermedios de TVG han llegado a tantear a profesionales en excedencia para que se reincorporen. De lo contrario, les advierten, perderán la posibilidad de hacerse con un puesto en los medios públicos.
La central CUT, sin representación en las últimas elecciones sindicales, que agrupa a un heterodoxo grupo de profesionales partidario de proceso de consolidación de empleo, similar al que se ha llevado a cabo en TVE, aboga entretanto por impugnar las bases de la convocatoria, algo que ya están haciendo decenas de trabajadores por su cuenta. Las demandas amenazan con alargar todavía más el proceso. Cuando por fin concluya, unos 300 profesionales verán amenazados sus puestos de trabajo.
Y mientras, en las redacciones de los medios públicos se siguen con lupa las declaraciones del presidente de la Xunta sobre el futuro de CRTVG. De momento, Feijóo se opone a su privatización, pero advierte: si un canal nacional cuenta con 500 trabajadores, TVG no puede emplear a mil.
La reducción de sueldos, al Supremo
La decisión del Gobierno gallego de aplicar el recorte de sueldos pensado para los funcionarios al personal de los medios públicos (ya sea fijo o personal laboral) ha llegado a los juzgados. Pero al contrario de lo que sucedió en otras empresas públicas como Sodeco o Seaga, donde la Xunta también rebajó los salarios un 5%, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso de los comités de empresa de CRTVG.
La representación de los trabajadores -que conforman en el comité interempresas cuatro respresentantes de CIG, cuatro de UGT, tres de USO y dos de Comisiones Obreras- alegó en su demanda que el personal de la Radio Galega, de la Televisión de Galicia y de la compañía no tiene la condición de funcionarios y que, por tanto, el tijeretazo a sus sueldos es ilegal.
El sindicato CIG ha cargado en las últimas semanas contra los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza que dictaron la sentencia por omitir en su fallo la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 8/2010, según la cual la rebaja de salarios dictada por el Gobierno central "no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación".
Precisamente ese párrafo es el que llevó a ese mismo tribunal a declarar nulo el recorte de los sueldos llevado a cabo en Sodeco. En su fallo, los magistrados sostienen que la reducción salarial solo se puede aplicar de acuerdo con la representación de los trabajadores. Por ello la sentencia concluye que la Administración gallega excedió sus competencias cuando rebajó el sueldo de la plantilla de Sodeco. Con ese mismo argumento, el comité de empresas de CRTVG anuncia que acudirá al Supremo.
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