Bruselas investiga las contrataciones en el puerto exterior de A Coruña

La Comisión Europea investigará si los contratos de construcción de la nueva dársena portuaria de A Coruña en Punta Langosteira (Arteixo) se realizaron de acuerdo con las leyes europeas de contratación pública. Las denuncias de un particular sobre el contrato principal y de modificación de obras ante la Dirección General de Política Regional movieron a esta a solicitar el análisis de la de Mercado Interior, responsable en contratación. "Como resultado de este análisis, la Comisión Europea está valorando la compatibilidad de ciertos aspectos presentes en la adjudicación con la normativa europea en la materia", según comunicó Política Regional, que solicitará información adicional al Gobierno español.

El expediente se abrió a instancias de un particular que denunció el caso

El consejo portuario aprobó 95 millones de euros en sobrecostes

Los aspectos denunciados eran, entre otros, la decisión del consejo de administración del Puerto de aprobar 95 millones de euros por sobrecostes de las obras sobre el presupuesto inicial aprobado. La denuncia apunta que si las modificaciones de los contratos son superiores al 20%, precisan de un informe del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente, según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Puertos del Estado alegó hace un año que la obra dependía de una ley específica para el sector, la Ley 48/1998, y concluía que la modificación del contrato de obras estaba sujeta "al derecho privado, fundamentalmente a lo estipulado en el pliego de bases".

El caso es que, preceptivo o no el informe del Consejo de Estado, la contratación ha resultado tan complicada como la obra en sí. Empezando porque la Autoridad Portuaria anunció un concurso de adjudicación de la redacción del proyecto de Punta Langosteira ya a principios de 1999, antes del estudio que determinó su viabilidad y que promovieron, a raíz del Consejo de Ministros del Prestige en María Pita, Francisco Vázquez, Alberto Núñez Feijóo y Francisco Álvarez Cascos como responsables de las tres administraciones implicadas. A principios de 2004 se anunció el concurso de contratación de la obra, incluidos los accesos terrestres, y se adjudicó a finales de 2004 por un importe de 429 millones de euros, IVA incluido.

Sin embargo, ya en la presentación pública del proyecto se dio por supuesto que la conexión viaria (la cifra que se barajaba rondaba los 60 millones de euros) se haría a expensas del Ministerio de Fomento. Fomento ya ha licitado el proyecto de conexión ferroviaria, que se estima costará 86 millones de euros. En mayo de 2008, con las obras en marcha, la Autoridad Portuaria de A Coruña licitaba la redacción de un proyecto de ampliación de la dársena, que adjudicó en diciembre. Consistía en un contradique que aportaría 300 metros de amarres, más operatividad en una zona especialmente difícil y, sobre todo, permitiría desafectar las actuales instalaciones portuarias para dedicarlas a usos inmobiliarios. Tendría un coste añadido de 152 millones de euros sobre el proyecto inicial.

La resistencia inicial de Puertos del Estado a ayudar a costear la nueva ampliación, basándose en que su compromiso era con el proyecto original, no con nuevos usos sin demanda que los justifique, pareció resolverse el verano pasado, cuando llegó a un acuerdo con la Autoridad Portuaria para acometer un dique más modesto que el proyectado. Sin embargo, todavía no ha avalado al Puerto el crédito (230 millones de euros, a devolver en 37 años) al que se había comprometido en su día para sufragar las obras. Pero, aun sin el contradique, el precio de las obras que está previsto finalizar en septiembre y la inversión pública no han dejado de subir, y el grueso de la financiación ha venido de los fondos europeos (264 millones) y de un crédito del Banco Europeo de Inversiones (130 millones).

El Puerto calculó en su día que tendría que abonar a las empresas constructoras un total de 120 millones más por revisión de precios. Lo que ya ha hecho es aprobar modificaciones por 95 millones objeto de investigación por Bruselas. La Autoridad Portuaria ya pagó, entre 2007 y 2009, 36 millones por "revisiones de los precios del material". En realidad, la piedra que las constructoras en su día habían analizado, dado por buena e incluido en el presupuesto, resultó de calidad inferior a la necesaria. Otros 50 millones se destinaron a la mejora de la seguridad, que también se supone prevista en el contrato como obligación de los adjudicatarios. 16 millones más irán, o han ido, a la mejora del martillo del dique.

Todavía están sin cuantificar los costes del traslado del muelle petrolero, principal argumento para la construcción de la nueva dársena, y que Repsol se niega a acometer por su cuenta, acogiéndose a que la concesión le fue renovada hace una década y está vigente hasta 2027. No es extraño que la Comisión Europea justificase el retraso en su contestación a la denuncia por "la enorme complejidad de la cuestión".