El PP impone la urgencia de una ley de movilidad rodeada de polémica

El consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, logró unir ayer a todos los grupos de oposición en las Cortes Valencianas contra su proyecto de Ley de Movilidad, una norma que ha suscitado el rechazo de sectores como el del taxi o el del transporte de viajeros en autocar. Según el consejero, la ley es necesaria para "ofrecer a los usuarios un sistema integrado de transporte" con el objetivo de conseguir que en 2020, el 40% de desplazamientos motorizados se hagan en transporte público, al tiempo que busca fomentar el uso del transporte no motorizado, especialmente la bicicleta.

La ley regula el transporte por ferrocarril y por carretera y sus correspondientes infraestructuras, así como el sector del taxi, crea un Foro de la Movilidad y constituye una Agencia Valenciana de la Movilidad, en la que se englobará la actual Agencia Valenciana de la Movilidad Metropolitana, a su vez una prolongación del antiguo Ente Metropolitano de Transporte.

Signes acusa al Consell de incumplir compromisos tras el accidente del metro

Los grupos de la oposición coincidieron en acusar al Consell de intentar aprobar con prisas al final de la legislatura una ley que exigiría amplios consensos y que no contempla adecuadamente los objetivos de una movilidad sostenible. "Esta ley no es oportuna a dos meses de las elecciones", señaló el diputado socialista Francesc Signes, que acusó al Consell de haber empezado a buscar acuerdos con los sectores afectados cuando estos "han fijado día y hora para las movilizaciones de protesta". Signes acusó al PP y al Gobierno que preside Francisco Camps de incumplir los compromisos adquiridos en la comisión de investigación del accidente del metro de Valencia, que incluían una ley del ferrocarril y la creación de una agencia de seguridad en el transporte. Signes, que vio rechazada su enmienda a la totalidad, añadió que es necesaria "una ley aceptable, coherente y elaborada con habilidad negociadora".

La diputada de Compromís Mònica Oltra, que también vio rechazada su enmienda a la totalidad, criticó que el proyecto contemple el transporte público, la bicicleta y el automóvil privado en "un plano de igualdad", lo que revela que no se ha dado prioridad a la movilidad sostenible. Oltra dijo que "la prisa no es buena consejera" y criticó que al Consell le entren las urgencias al final de una legislatura en la que se ha perdido el tiempo debatiendo leyes de poco calado, como las de creación de ciertos colegios profesionales.

En la explicación de voto, Lluís Torró, de Esquerra Unida, apoyó las enmiendas rechazadas e insistió sobre parecidos argumentos.

Fernando Giner, del PP, dijo que su grupo quiere llegar a acuerdos en el debate de enmiendas parciales, pero calificó de "absolutamente incomprensible" que la oposición haya reclamado reiteradamente una ley de movilidad y ahora la rechace.