Pajín exige cambiar cuatro artículos de la ley del catálogo

El Ministerio de Sanidad ha abierto la puerta a la Xunta para solucionar el contencioso que ambas administraciones tienen a cuenta del catálogo de fármacos. Le reclama que modifique los cuatro primeros artículos de la ley por la que se crea y, una vez lo haga, las presente ante el Tribunal Constitucional (donde está recurrida la normativa por parte del Gobierno central) en forma de alegaciones. Todo esto, una vez que se haya decidido sobre la admisión a trámite del recurso, algo que está previsto que suceda esta semana.

Así lo recoge la misiva con la que el secretario general de Sanidad del ministerio, José Martínez Olmos, le ha remitido a la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas. Responde a otra en la que ella insistía en que la Ley 12/2010 "recoge la garantía de que el Sergas puede financiar" todos los fármacos del "nomenclátor nacional".El Ministerio de Sanidad le solicita a la Xunta que "reformule los artículos del 1 al 4 de la ley", en los que se regulan, respectivamente, el objeto de la norma, su ámbito, el catálogo de productos farmacéuticos de la comunidad autónoma de Galicia, así como el procedimiento de modificación de dicho catálogo y las disposiciones adicionales primera y segunda.

Todo ello, dice Sanidad, para garantizar que el catálogo priorizado abarque "todos y cada uno de los medicamentos incluidos en el nomenclátor estatal", que no se establezca "ninguna previsión limitante" en relación a la prescripción y dispensación de cualquiera de los medicamentos que cubre la sanidad pública en toda España, y, por tanto, que se garantice que esos fármacos van a ser financiados por la Xunta.

Mientras, los colegios de farmacéuticos gallegos se sumaron ayer a los recursos contra el catálogo que ya presentaron el Ministerio de Sanidad y la patronal del sector. Los colegios formalizaron el suyo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No obstante, en un comunicado muestran su disposición para alcanzar "lo antes posible" un acuerdo marco de colaboración.

A las razones ya alegadas de falta de competencias y discriminación a los gallegos, suman "la inseguridad jurídica en la que el catálogo sitúa a las oficinas de farmacia en materia de dispensación y sustituciones de medicamentos y a los pacientes". Según el recurso, "en determinados casos el farmacéutico tiene que decidir si dispensa según la ley gallega o la estatal". También citan problemas de gestión en las oficinas de farmacia.