La Junta asumió pérdidas en Santana por 287 millones en 17 años

"Hemos ejercido nuestra responsabilidad". El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, justificó así el cierre de Santana Motor, en manos de la Junta de Andalucía desde 1994. Ávila decía incluso que el Gobierno andaluz no había tenido "vértigo" por el calendario electoral para acometer una decisión de este calado. Pero lo cierto es que la de Santana era la crónica de una muerte anunciada desde hace tiempo.

Hace 17 años, la Junta salió al rescate de la empresa automovilística de Linares (Jaén) tras la suspensión de pagos de la multinacional japonesa Suzuki. Lo que entonces parecía una aventura empresarial transitoria, se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales dolores de cabeza para el Ejecutivo andaluz, incapaz primero de sanear la compañía e impotente después para privatizarla. El balance de este periodo de tutela pública en la única fábrica de vehículos de capital andaluz no puede ser más desalentador: 287 millones de pérdidas.

La Junta se hizo cargo de Santana para no dejar tirados a los 2.400 trabajadores que peligraban tras la espantada de los japoneses. El componente social siempre ha pesado más que el económico a la hora de defender la intervención pública. Santana ejercía una enorme influencia en la comarca de Linares, donde nacieron numerosas empresas auxiliares. Aunque ha ido progresivamente adelgazando la plantilla, lo cierto es que el coste ya era inasumible para las arcas públicas, máxime en un escenario de crisis como el actual."Santana estaba conectada a un respirador automático, y la hemos desenchufado", comentaba un alto cargo de la empresa para definir la situación de los últimos años. Solo en tres ejercicios (1996, 1997 y 1998) de tutela pública Santana ha arrojado resultados positivos. En el resto, todo fueron pérdidas. Los peores datos fueron los del año 2000, con 42 millones, y los 56 que se acumularon en 2008. Esos números han estado en estrecha relación con la desaparición de los diferentes modelos de todoterreno fabricados en Linares, desde el Samurai que se abandonó en 2004, el Vitara en 2007 o el más reciente, el Jimmy, en 2009.

Claro que, la factura de Santana ha ido más allá de las pérdidas que ha tenido que enjugar, aunque se desconoce a cuánto asciende. "Es incalculable", dicen fuentes de la agencia IDEA. De entrada, la Junta tuvo que inyectar 99 millones de euros en 1994 para levantar la suspensión de pagos, junto con otra aportación de 48 millones del Gobierno central. Pero fue en 2001 cuando tuvo que hacer el mayor desembolso, 240 millones, para acometer un drástico recorte de plantilla y prejubilar a más de 600 trabajadores. "No se puede pedir más, si se diera más de lo que ahora se ofrece muchos andaluces no lo comprenderían", dijo en el Parlamento el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera.

Pese a esa advertencia, el grifo siguió abierto. Poco después, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) aprobó un plan estratégico valorado en 42 millones de euros para revitalizar la compañía, ayudas que estuvieron en el punto de mira del comisario de la Competencia de la Unión Europea. Además, de forma periódica, tanto el IFA como ahora la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de quien ha dependido en su última etapa, han inyectado más dinero, bien mediante la ampliación de capital, o bien a través de ayudas directas.

Ni siquiera el plan de diversificación industrial que empezó a ejecutarse por el anterior consejero de Innovación, Francisco Vallejo, logró taponar la hemorragia. En los dos últimos años, los intentos de la Junta por privatizar la compañía han sido incesantes. "Se han estrujado otras opciones", reconoció el consejero Antonio Ávila, que achacó la falta de acuerdos con otras firmas del ramo de la automoción en "la falta de solidez para ser proyectos de futuro".

Fue el alcalde de Linares, el socialista Juan Fernández, el que dio la clave de por qué Santana no era atractiva para otras firmas: por el "tapón" que suponía su elevada plantilla y el envejecimiento de ésta. La solución llegó en la madrugada del pasado lunes, con un plan para prejubilar a todos los mayores de 50 años acogidos al Plan de Acción Social suscrito en 2008. En total, 792 trabajadores que recibirán el 90% del salario de referencia mensual, una indemnización que será incompatible con cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

El coste de estas prejubilaciones aún no está calculado. La dirección de Santana ha pedido los datos a las 14 empresas del parque empresarial con trabajadores afectados. Eso sí, se ha incluido una cláusula de revisión salarial en los últimos cinco años con el fin de evitar alteraciones artificiales de los salarios. En todo caso, la referencia que maneja la Junta son las prejubilaciones en Delphi, donde las pólizas medias por cada trabajador fue de 150.000 euros. Con esa base de cálculo, el importe de las prejubilaciones en Santana sería de unos 118 millones. ¿La última factura de la Junta?