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En posesión de la verdad

Las reglas de juego son añejas, simples y de aplicación general. Cuando, tras unas elecciones democráticas, se produce un cambio de mayoría política, los vencedores asumen el gobierno con el derecho y hasta la obligación de aplicar el programa y cumplir las promesas que los llevaron al triunfo, programa y promesas que, lógicamente, contendrán elementos antagónicos respecto de la gestión de la mayoría anterior: en esto consisten el pluralismo y la alternancia. En cuanto a los cargos de confianza política nombrados por esa mayoría anterior, su deber mientras esperan el relevo es gestionar los asuntos de trámite y abstenerse, por elemental lealtad institucional, de aprovechar la interinidad para torpedear a la Administración entrante.

¿Quién ha dicho que los dogmas deban ser demostrables? En los dogmas se cree, y punto. Y quien disiente es un hereje

Uno creía que estas normas eran universales en democracia, pero bien se ve que no rigen para Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Persuadidos seguramente de estar en posesión de la verdad, reaccionando en todo caso como si sus decisiones de gobierno fuesen dogmas de fe solo revisables o revocables desde el resentimiento y el afán de venganza, los portavoces de ICV-EUiA llevan semanas negando al Gobierno de Artur Mas la legitimidad para ejecutar algunos de los cambios a los que se había comprometido ante el electorado. Al parecer, según la doctrina de Herrera, Miralles y compañía, por encima de la voluntad democrática expresada en las urnas rige un principio axiomático que podríamos resumir así: "todo cuanto nosotros hicimos desde Interior y Medio Ambiente es sagrado, y ¡ay del que se atreva a tocarlo!".

Por ejemplo, ante la anunciada y previsible derogación del Código de Ética Policial promulgado casi a título póstumo por Joan Saura -previsible, porque concitaba el rechazo de todos los sindicatos y de casi todos los mandos tanto de Mossos como de policías locales de Cataluña-, hemos escuchado un coro de lamentaciones y denuncias por la regresión democrática que ello supone, como si el consejero Felip Puig se propusiera restablecer el modelo policial de los grises franquistas; o como si la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía -que carecen de código ético propio- fuesen por esta razón asimilables a la Gestapo nazi. Pero donde ecosocialistas y comunistas han llevado su síndrome de poseedores de la verdad hasta el paroxismo es en el tema de los 80 kilómetros por hora.

No importa que, pese a sus efectos supuestamente tan benéficos, y tras varios años de vigencia de la zona 80, la contaminación alcanzase estas últimas semanas una punta alarmante; no importa que esa polución sea especialmente alta en Barcelona, donde la velocidad media de circulación es muy inferior a los 80 por hora; no importa descubrir que los cruceros fondeados en el puerto, o los camiones de gasóleo, ensucian mucho más el aire que acelerar 10 o 20 kilómetros; no importa que la disminución de la accidentalidad mortal en el área metropolitana sea un espejismo estadístico roto, cualquier madrugada de domingo, por ese borracho que enfila la autopista en dirección contraria; no importa que muchos conductores burlasen los radares a base de frenazos y acelerones.

Nada de eso importa, porque ¿quién ha dicho que los dogmas deban ser demostrables o razonables? En los dogmas se cree, y punto. Y quien disiente es un hereje, o "una rata", como calificó el nunca bien ponderado Joan Boada a sus exsocios del PSC y de ERC, que habían tragado con la zona 80 por puro imperativo de la aritmética parlamentaria, y ahora han aplaudido aliviados su supresión. Los dogmas tienen, eso sí, celadores fanáticos, como ese descubrimiento de las últimas fechas, David Rodríguez Albert, militante del PSUC Viu, economista y, sin embargo, director del Meteocat, que aprovechó deslealmente su cargo en funciones para cargar contra la decisión de poner fin al arbitrario límite de velocidad. "Me echan por criticar la gestión de los 80 kilómetros por hora", se ha quejado después. ¿Le echan? ¿Acaso pretendía conciliar su responsabilidad en EUiA con la permanencia en la Administración de CiU?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 18 de febrero de 2011.

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