La legalización de los núcleos costeros no será inmediata

El acuerdo entre Xunta y Gobierno central por el que este renuncia a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de 2010 de la ley gallega del suelo no supondrá la legalización "automática" de los núcleos rurales costeros tradicionales de Marín, según matizó el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Es necesario modificar la ley de costas como se planteó en su momento a través de la ley de vivienda de la Xunta", aclaró ayer el conselleiro.

La regularización de estos núcleos está próxima a resolverse, en todo caso, si prosperan las conversaciones entre el Ayuntamiento de Marín y el Ministerio de Medio Ambiente, que ultiman la fórmula para adecuar a la Ley de Costas la situación de estos asentamientos a través del plan de ordenación municipal.

El Gobierno renunció a presentar un recurso contra la ley de suelo gallega

El acuerdo entre administraciones, publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado, implica que el Gobierno renuncia a recurrir la ley gallega del suelo (no retira el recurso, aun sin presentar, en contra de lo que publicó ayer erróneamente este periódico). A cambio, la Xunta acepta la interpretación de Madrid respecto a tres preceptos de la ley gallega, que afectan a los usos permitidos en suelos rústicos de protección de costas, al régimen de aplicación sobre municipios con planeamientos no adaptados a la norma y a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento.

La Xunta, según el pacto, interpreta que estas disposiciones no afectan a las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre (hasta 100 metros) que establece la Ley de Costas. Se compromete a modificar una referencia relativa a las edificaciones sin licencia para que, en el mismo sentido, limite sus efectos a los terrenos que están fuera de la zona de servidumbre estatal de protección.

En el caso de los núcleos costeros de Marín -Mogor, Loira, A Teoira, Casás y Aguete- el problema surge porque, a pesar de que las casas llevan en algún caso más de un siglo en pie, la Ley de Costas considera que están en el dominio público y restringe las obras permitidas. Y ello porque antes de la aprobación de dicha norma, en 1988, no se registró en los planos que en la zona había asentamientos tradicionales.

El límite aplicable, fijado en 100 metros de distancia al mar, está establecido en 20 metros para ciertos núcleos urbanos. La mayoría de los intentos de legalizar la situación fueron en la línea de conseguir que se aplicase a estas casas de Marín la misma salvedad. Un decreto del último Gobierno de Manuel Fraga y una disposición adicional de la ley de vivienda del bipartito trataron de arreglar la situación, pero en ambos casos el Estado llevó las normas al Tribunal Constitucional, que aún no se pronunció al respecto. Así lo recuerdan tanto el presidente de la plataforma de afectados, Enrique Méndez, como el concejal de Urbanismo de Marín, Xosé María Vilaboa (BNG). Este indica que el bipartito trató de revisar de oficio el planeamiento de Marín, pero no prosperó.

Vilaboa apunta, en ese sentido, que el Ayuntamiento negocia con la Dirección General de Costas para regular los núcleos a través de una ordenanza que se incluiría en el Plan Xeral de Marín, que aún no se ha aprobado definitivamente. El edil destaca que la disposición al pacto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado desde la llegada al cargo de Rosa Aguilar en sustitución de la gallega Elena Espinosa.

Al margen de la negociación, el Parlamento autónomo acordó a finales del año pasado (con los votos del PP), proponer en el Congreso una modificación de la Ley de Costas que ataje de una vez la situación irregular. PSdeG y BNG se negaron, al ver en el articulado de la propuesta una serie de preceptos que permitirían legalizar núcleos no tradicionales en municipios como Moaña, surgidos a partir de la década de los noventa con la ley ya en vigor. El PSdeG pidió ayer al PP que reununcie a esa reforma de la Ley de Costas.