Gobierno y Consell tienen un año para pactar sobre los chiringuitos
Los locales de la Malva-rosa ya redujeron sus terrazas a 50 metros cuadrados
Cuando acabe la prórroga de un año, que el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat pactaron anteayer para los chiringuitos de las playas de El Saler, Pinedo y Puerto de Sagunto, las dos Administraciones tendrán que haber unificado los criterios que exigirán a estos establecimientos si quieren renovar su concesión. Ahora ocupan superficies dispares y por encima de lo que dice la Ley de Costas.
Hasta entonces, los chiringuitos de estos lugares que -salvo los de la Malva-rosa- tenían vencidos los permisos, trabajarán con sus actuales superficies -la mayoría sobrepasa la superficie de 150 metros que prevé la Ley de Costas-. Los chiringuitos de la Malva-rosa, que ya desmontaron sus terrazas tras un acuerdo con la Delegación del Gobierno a cambio de prorrogar su concesión hasta 2013, son los que se quedan en desventaja respecto del resto. Uno de sus portavoces dijo ayer que intentarán que el ministerio sea sensible a un aumento de plazas de cara a la temporada de verano, pero insistieron en que lo importante es que el conflicto se resuelva a largo plazo.
Una comisión mixta será el foro que acoja las negociaciones de las dos Administraciones, tanto para unificar criterios como para conceder a cada local las autorizaciones y permisos. "Hay un cambio de postura del Gobierno de España", dejó patente el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que, no obstante, dio la enhorabuena al ministerio por su disposición. "Tenemos tranquilidad y tiempo para trabajar por que todos cumplan las mismas condiciones", dijo.
Traspaso o delegación
El consejero Serafín Castellano se mostró optimista con respecto a un posible traspaso de competencias del Estado a la Generalitat sobre la costa. Al Ministerio de Medio Ambiente no le parece mal, pero el que negociará con Castellano es el de Política Territorial, que preside Manuel Chaves. Y este departamento ha insistido por activa y por pasiva en que el Estatut d'Autonomía no prevé el traspaso del dominio marítimo-terrestre a esta comunidad autónoma, sencillamente porque así lo decidieron los firmantes de la reforma del Estatut en 2006.
Castellano insiste en que es posible, pero si no, ya dijo que apelará al artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Gobierno delegar la gestión de sus competencias sobre el dominio marítimo a la Generalitat. Y una cosa no quita la otra. Mientras se decide o negocia qué hacer con la competencia -así ha ocurrido en Andalucía-, el ministerio apuesta por que se cree lo antes posible esa comisión mixta, donde el Estado está dispuesto a consensuar con la Generalitat el criterio en torno a los chiringuitos, pero también las competiciones deportivas, el disparo de fuegos, etcétera.
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