Medio Ambiente da marcha atrás al programa de minicentrales eléctricas

La Xunta cambiará cromos con las adjudicatarias de minicentrales hidroeléctricas para evitar la construcción de 33 plantas autorizadas a toda prisa por el Gobierno de Manuel Fraga. La decisión se tomó ayer en el Parlamento tras pactar el PP una moción presentada por el PSOE con respaldo del BNG que reconoce la sobreexplotación de los ríos.

PSdeG y BNG alegan que las concesiones son ilegales y no hay que indemnizar

"No se puede dar un día y quitar otro. Esto no es Venezuela", argumenta el PP

No se construirán en los ríos gallegos las 33 centrales hidroeléctricas que concedió de forma exprés el Gobierno de Manuel Fraga en un Consello de la Xunta en 2005, cuando el bipartito ya había ganado las elecciones. Pero, según explica el portavoz parlamentario del PP, Daniel Varela, la Xunta negociará con las adjudicatarias "una a una" para compensarlas mediante la concesión de "otros proyectos de obras ajenos al hidrológico, la concesión de mayor aprovechamiento en otras centrales que pueda tener una misma empresa en otra zona o con indemnizaciones económicas". Si no se llega a acuerdo, las empresas estarían en su derecho de recurrir.

El texto pactado y aprobado ayer habla de "negociar" con las empresas para que desistan de sus proyectos y no deja clara la contrapartida. Pero mientras el PP entiende que queda claro que es necesaria la compensación -"esto no es Venezuela, no se puede dar un día y quitar otro", destaca Daniel Varela- socialistas y nacionalistas sostienen que el párrafo consensuado supone la retirada de la concesión sin indemnización. "Aplicando la normativa comunitaria esas centrales serían ilegales", sostiene la socialista Carmen Gallego. El Gobierno autónomo valorará en esa negociación distintos aspectos relativos a la ubicación de las centrales, algunas de las cuales están ahora incluidas en Red Natura.

Al margen de este punto de desencuentro, el grupo popular pactó ayer en el Parlamento la moción presentada por los socialistas, con el respaldo del BNG, que e insta por unanimidad al Gobierno autónomo a que reconozca la sobreexplotación de los ríos, impida la construcción de las mencionadas centrales, establezca caudales ecológicos en todos los cauces y lleve a cabo una política restrictiva en la concesión de nuevas explotaciones y en las reformas de las existentes. Junto a ello, la Cámara reclama a la Xunta que impida la concesión de centrales "al amparo del plan eólico". Galicia quiere equiparar su política medioambiental a la de España, regida por la normativa comunitaria (el Decreto Marco del Agua) y, además de los compromisos anteriores, pedirá al Gobierno el traspaso de las competencias hidrológicas completas: las de la cuenca del Miño-Sil, ya que ahora gestiona las de la costa.

En el texto pactado por los tres grupos queda claro que no se concederán nuevas centrales hidroeléctricas en los ríos gallegos "salvo que no afecten a su caudal". Un compromiso calcado al que asumió el mes pasado en el Senado la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ante una moción del nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza respecto al Plan Hidrológico de la cuenca Miño-Sil, que depende del Estado. En opinión de los tres grupos, la aprobación de este documento por el Parlamento gallego supone un paso importante en la preservación del medioambiente pero, sobre todo, el cumplimiento de la normativa comunitaria.

La moción defendida por Gallego contó no solo con el respaldo del BNG, sino con el aplauso del popular Daniel Varela, quien mantuvo el tono medioambientalista que en los últimos meses ha prodigado la consellería de Agustín Hernández. PSdeG y BNG desconfiaban del discurso de los populares a la vista del borrador del Plan Hidrolóxico Galicia-Costa en el que se recuperaban las concesiones con la condición de que las empresas presentaran un "nuevo diseño acorde con los nuevos requisitos". Otro motivo de recelo se basaba en el hecho de que Hernández era miembro del Gobierno de Fraga cuando se otorgaron las licencias y, además, se opuso a la paralización por el bipartito de las centrales.

Los representantes de PSOE y BNG insistieron en que no es necesario el resarcimiento económico a las empresas beneficiarias dado que las concesiones "son completamente ilegales" porque contravienen la normativa española y comunitaria que rige el aprovechamiento de los ríos. Gallego lamentó que hace solo un mes Medio Ambiente autorizase una concesión en el río Landro.