Hacienda rastreará el cobro del paro para detectar fraude empresarial

La economía sumergida está dejando de ser tabú para la Agencia Tributaria. Hacienda, siempre remisa a evaluar la actividad no declarada, la ha situado este año a la cabeza de sus prioridades, según el plan de control tributario para 2011 publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Y como exponentes de la economía sumergida, la Agencia Tributaria pondrá el foco en los falsos autónomos y los trabajadores con ingresos opacos que cobren el paro al mismo tiempo. Aunque no sea su ámbito natural de actuación, Hacienda los rastreará como indicios de fraude fiscal en las empresas.

Es la primera vez que la Agencia recoge el posible fraude en el cobro de prestaciones por desempleo entre sus objetivos anuales. El motivo reside en el acuerdo de colaboración firmado en 2010 con la Seguridad Social para descubrir fraude conjunto. El empresario que paga a sus trabajadores en negro o los obliga a facturar como autónomos sin serlo tiene muchas más posibilidades de evadir impuestos que si ingresa directamente a la Agencia, argumenta un portavoz de este organismo. El departamento competente para reclamar prestaciones de paro cobradas indebidamente o cotizaciones no ingresadas es el Ministerio de Trabajo.

Hay profesionales con dos terminales de tarjetas para camuflar ingresos

La inspección controlará la importación de productos asiáticos

Para atajar la economía sumergida, Hacienda se propone enviar inspectores a "locales situados en determinadas áreas geográficas" o "de determinados sectores económicos". Uno de esos sectores de "mayor riesgo fiscal" es el de los profesionales (médicos, abogados, dentistas...), al que el plan de control tributario le confiere especial atención. El texto, el primero que se elabora desde que Juan Manuel López Carbajo dirige la Agencia Tributaria, introduce importantes novedades respecto a otros ejercicios. Entre ellas, el paso a un segundo plano del sector inmobiliario, clave en los años del boom.

Más allá de realizar visitas para detectar economía sumergida, la inspección analizará la información que suministran desde hace poco tiempo las eléctricas sobre el consumo de sus abonados. El objetivo es detectar actividades empresariales ocultas que se camuflen en domicilios cuya factura eléctrica resulte excesiva para tratarse de un hogar.

Otra herramienta nueva para descubrir negocios en la sombra (o con facturaciones declaradas muy inferiores a las reales) consiste en rastrear los movimientos de tarjetas de crédito. La Agencia tiene constancia de que existen profesionales con dos terminales de tarjetas de crédito vinculados a dos cuentas diferentes, una declarada y otra no. Para intentar despistar a Hacienda, los responsables de esos negocios destinan algunos de los pagos de sus clientes a una cuenta A para justificar la actividad empresarial. Y otra buena parte se desvía a una cuenta B (que a veces figura a nombre de otro titular) cuyos ingresos no se declaran al fisco.

La Agencia Tributaria controlará también la importación de productos procedentes de Asia y los canales de comercialización de esos bienes importados, en muchos casos tiendas de todo a un euro y similares, para hacer aflorar economía sumergida.

Lo más difícil de detectar -y también lo que proporciona los mejores resultados- es el fraude derivado de medidas de ingeniería fiscal. La Agencia tiene intención de centrarse en estas actuaciones a la vista de los frutos obtenidos en 2010, un año de recaudación récord por lucha contra el fraude (se ingresaron algo más de 10.000 millones de euros, según las cifras que se presentarán mañana oficialmente).

Muchas grandes empresas, entre ellas multinacionales, crean operaciones ficticias o ajenas al precio de mercado para reducir sus pagos a Hacienda. Esas prácticas se han acentuado en plena crisis, pues algunas compañías se han escudado en la penuria económica para presentar cuentas peores de lo que les correspondería. Hacienda pondrá la lupa en los precios a los que se compran y se venden entre sí las empresas pertenecientes a un mismo grupo, con tres prioridades: las reestructuraciones empresariales, la valoración de los activos intangibles y el tratamiento de las pérdidas.