Corazón

Los funcionarios son el corazón administrativo del Ejecutivo andaluz, según la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien trata de tranquilizar a este colectivo asegurándoles, además, que la reforma del sector público andaluz no tiene más fin que el de encarar el futuro con solvencia, recalcando que el marchamo público es fundamental.

Palabras muy a tener en cuenta en el preciso momento en el que se han dado a conocer las enmiendas que ha presentado cada uno de los grupos en el Parlamento andaluz. Desde el PP se aseguraba que realizarían un gran esfuerzo para plantear todo un modelo alternativo. Sin embargo, a tenor de su escuálido contenido, dicho colectivo tiene más razones que nunca para su nerviosismo en caso de que los populares lleguen al poder.

Y no ya por lo que se intuye en dicha propuesta, sino más bien por lo que apunta el mismo presidente del partido, Mariano Rajoy. En su rimbombante anuncio de que va a arreglar España en dos años se compromete a tomar una medida con carácter inmediato, si es que llega a la Moncloa, como es privatizar y cerrar la mayoría de las 4.000 empresas y entes públicos y administrativos existentes en la actualidad en nuestro país.

Qué fatalidad. Aquí los populares tratando de echarle el muerto de la supuesta privatización a los socialistas y resulta que su máximo mandatario sitúa en el frontispicio de su oferta programática meter la tijera a tope haciendo desaparecer organismos y privatizando sin que nade precise sobre el destino de esos miles de funcionarios y empleados que se verían afectados por tan dura medida.

Sin duda alguna, es el mismo Rajoy quien se lo pone muy difícil aquí a Arenas. Igualmente, los sindicatos corporativos, que acompañan milimétricamente al PP en este asunto, deberían ir cambiando el objetivo de sus acusaciones ya que hasta ahora venían atribuyendo absurdamente a UGT y CC OO la intención de privatizar la Administración pública andaluza. Un reproche sin pies ni cabeza, máxime después de las enmiendas aceptadas para evitar este extremo planteadas por el PSOE en consonancia con dichas centrales sindicales.

Y por si fuera poco, a Rajoy le parece un despilfarro la existencia de 17 Defensores del Pueblo, tantos como comunidades autónomas. A buen seguro, esta apelación tardía a la máxima austeridad habrá causado hilaridad en el andaluz José Chamizo, quien en su día tuvo que conformarse con admitir a regañadientes la figura de los adjuntos al Defensor, nombrados por cada uno de los partidos políticos con representación en la Cámara y cuya utilidad siempre ha puesto en cuestión.

No se recuerda que entonces el PP renunciara a tal privilegio en favor del ahorro en el gasto público.