Docentes al borde de la protesta

La delicada situación económica en la que se encuentra la Generalitat y la deuda de más de 2.000 millones de euros que ahoga a la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa, son dos factores que tendrán sus consecuencias, tras las elecciones autonómicas, sobre el ya mermado presupuesto para educación pública. Sobre todo, el capítulo de personal. Los cinco sindicatos de la enseñanza pública están convencidos de ello y el pasado lunes llamaron a los 55.000 funcionarios del sector a "retomar las movilizaciones" contra el recorte de puestos de trabajo, de programas educativos y contra la privatización del suelo público. El PP, según fuentes de la Generalitat, llevará en su programa electoral el compromiso de que sean las empresas privadas las que empiecen a construir colegios, empleando a docentes no funcionarios.

La última puntilla para adelgazar la plantilla de funcionarios docentes, según coinciden CC OO, STEPV, UGT, ANPE y CSIF, la acaba de dar la Administración, al sacar a oposición sólo 110 plazas, pese a que la propia Consejería de Educación estima que hay entre 10.000 y 12.000 aspirantes a los diferentes cuerpos.

"Para nosotros, el sistema valenciano no está consolidado, y menos cuando se está aplicando aún la Ley Orgánica de Educación (LOE)", advierte Javier González Zurita, de la dirección de Fete-UGT. "Lo único que esta Administración está consolidando es la contracción de la plantilla docente", insiste y pone como ejemplos contundentes de "la política que viene" los 1.200 interinos enviados ya al paro, las 800 plazas de técnicos de FP que se han recortado o los 400 profesores de apoyo y educación compensatoria que han desaparecido este curso.

Los funcionarios, pese al recorte añadido del 5% del sueldo en virtud del decreto del Gobierno central de mayo pasado, están desmotivados. La huelga general del pasado 29 de septiembre de 2010 puso de manifiesto que "desmotivación" y "movilización" no siempre van de la mano. Sólo un 8% de los 55.000 docentes del sistema educativo público valenciano respaldaron la huelga. La inactividad reivindicativa planeó también sobre la mayor parte de los padres y madres de los 764.000 alumnos, que decidieron trabajar y llevarlos a sus hijos a clase como cada día.

Desde CSIF, Francisco Paterna ha advertido de que el sindicato "es consciente de las dificultades económicas actuales, pero también reclama un esfuerzo para garantizar la mínima calidad educativa a los alumnos". Y el primer paso para conseguirla pasa, a su juicio, por "una plantilla docente suficiente".

El temor de ANPE, según Antonio Ponce, es precisamente que la "privatización" del suelo y la construcción de más centros concertados, así como el parón de construcción de colegios experimentado por Ciegsa, dificulte la consolidación de las plantillas de funcionarios docentes. Según González Zurita, "el mapa escolar no está acabado, aún faltan 200 centros. Si no se hacen, no habrá estabilidad en las plantillas docentes. Y con más rotación e interinidad no se hace un sistema educativo de calidad".

CC OO, que tacha de "ridícula" la oferta de empleo público anunciada, está convencida de que los recortes de plantilla en todas las áreas de enseñanzas medias no sólo fruto de la crisis económica, sino de la "más absoluta falta de planificación educativa por parte de la Generalitat". El secretario general de enseñanza, Miguel Á. Vera, advierte de que la negociación sindical con la consejería "ha entrado en vía muerta. Sólo quedan las movilizaciones y la vía judicial". Todos los sindicatos han recurrido en tribunales la denuncia de los acuerdos de plantilla de enseñanzas medias, que rompió unilateralmente la consejería en 2010, lo que deja en el aire las condiciones laborales de los 25.000 docentes de ESO, Bachillerato y FP. El sindicato ha reclamado al director de Personal de Educación que la orden de Tesorería de adelgazar la plantilla de todas las consejerías un 6% empiece por los cargos directivos y de confianza, no por los profesores.

La movilización dependerá, entre todas estas razones, de la capacidad sindical de convencer, sobre todo, a los 25.000 funcionarios de los cerca de 400 institutos públicos, sobre los que se han cebado los recortes presupuestarios, de programas y de personal. Marc Candela, del STEPV, está convencido de que la respuesta de los docentes en las asambleas del pasado martes (unos 150 en Valencia, otro centenar en Alicante y medio centenar entre Castellón y Elche) supone "un éxito", dada la premura con la que los cincos sindicatos han decidido retomar las movilizaciones a mediados de febrero, que pretenden culminar con una gran manifestación contra la política educativa del presidente Francisco Camps antes de las elecciones de mayo. "Todas las intervenciones de los docentes fueron en esa línea", afirma Candela.

Los sindicatos se juegan en esto su credibilidad. Tendrán que demostrar que son capaces de volver a sumar a padres y alumnos, como sí hicieron entorno a la "marea amarilla" que inundó Valencia en la manifestación del 29 de noviembre de 2009. Con un problema: los docentes han demostrado en las últimas convocatorias autonómicas y nacionales que se mueven entre la resignación y la protesta.