La Xunta busca la fórmula para salvar el puerto ilegal de Sada

El futuro del Puerto deportivo de Sada (A Coruña), de "destacado peso económico", según reconoce la Xunta, pende de un hilo. Nadie se atreve a pronosticar qué va a pasar con los 700 puntos de amarre y ocho negocios comerciales que engloban estas instalaciones náuticas recreativas después del auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena cesar en 15 días toda actividad para ejecutar la sentencia de 2003, ratificada por el Supremo cuatro años más tarde, que declara ilegal la concesión de esa dársena. Portos de Galicia, el ente del Gobierno autónomo, sostiene que resolverá el embrollo en el plazo marcado por la justicia sin paralizar nada, "sin detrimento de la actividad normal, ni prejuicio para los usuarios".

Afirma que bastará con revocar la titularidad de la concesión ilegal, ahora en manos de la empresa Oys Noroeste, y otorgarla a un nuevo gestor. El ente autonómico pretende, según la propuesta que llevó a su consejo de administración en julio de 2010, indemnizar con seis millones de euros a la empresa que explota esas instalaciones y a los negocios asentados en ese puerto compensarles ampliando las concesiones por 30 años, el máximo legal.

Pero tanto el Gobierno municipal de Sada, del BNG, como el PSdeG, que reclama explicaciones en el Parlamento, coinciden en tachar de "huida hacia adelante" la postura de Portos de Galicia.

Anulación de licencias

La licencia para explotar estas instalaciones náuticas ha sido anulada por los tribunales y no basta con cambiar el nombre de la concesionaria, alegan desde el Gobierno de Sada, que acusa a Portos de Galicia de querer evitar indemnizaciones millonarias a los afectados. Los socialistas también alertan de que ampliar las concesiones de los negocios de esta dársena puede constituir una ilegalidad porque "están ligadas por la nulidad que afecta al conjunto de la licencia".

En opinión de los diputados del PSdeG, todo el relato de este largo conflicto, iniciado en 1997 cuando Portos de Galicia concedió la construcción y explotación de este puerto, con una superficie de 152.000 metros cuadrados ganados al mar, muestra la irresponsabilidad del Partido Popular en esta gestión. Siguió otorgando concesiones haciendo caso omiso de las sentencias que declararon nula la concesión, según acusan los socialistas.