La fiscalía avisa a los médicos de su obligación de realizar pruebas de alcoholemia

Un conductor sorprendido al volante con una tasa de alcoholemia superior a la legal tiene derecho a pedir una "prueba de contraste", es decir, que se realice en el acto una comprobación a través de un análisis de sangre. Pero hay facultativos médicos de guardia que se niegan o son reticentes a realizar esas pruebas, según se quejaron policías y guardia civiles en la reunión que ayer mantuvieron los responsables de Tráfico con la Fiscalía Superior de Galicia.

El ministerio público advirtió a los profesionales de la medicina de su obligación de colaborar con la seguridad vial, y que su negativa a realizar esas extracciones para corroborar el nivel de alcohol en sangre de un automovilista puede constituir un delito de denegación de auxilio a la justicia o de desobediencia.

Está también regulado exigir responsabilidades jurídicas a los centros médicos que otorgan como superado con demasiada benevolencia el examen psicotécnico a conductores para renovar u obtener su permiso de circulación. La Fiscalía de Vigo ya abrió diligencias contra un centro de reconocimiento de conductores después de que una persona mayor, que recientemente había realizado sin problemas la prueba psicotécnica, causara un accidente de tráfico por padecer una deficiencia que le impedía tener el permiso. Los fiscales ven "con creciente preocupación la existencia" de este tipo de centros "que atienden solo al negocio y no se preocupan de que los examinados, especialmente los mayores, cumplan los requisitos" para poder conducir.

Seguridad del vehículo

La manipulación de los tacógrafos en los camiones o autobuses así como los menores que van en los coches sin el obligatorio cinto de seguridad o la silla para niños también preocupan a los fiscales y los responsables de la Guardia Civil de Tráfico.

El ministerio público está decidido a perseguir por la vía penal a los conductores que, en caso de accidente, no se hayan cercenado de la seguridad de los ocupantes de su vehículo, sobre todo cuando se tratan de menores o personas que no puedan valerse por sí mismas. "Reconocemos que esta es una cuestión contravertida ya que podría llegarse a incriminarse a un padre por la muerte de su hijo en un accidente", destaca la Fiscalía. Pero recuerda que es el conductor el que legalmente debe preocuparse de que quienes vayan en el coche se pongan el cinto de seguridad.