Suspendida la demolición del apartotel ilegal en la playa de Samil

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido la demolición del apartotel de Samil hasta que se resuelva el recurso de casación interpuesto por los afectados ante el Supremo. El auto del TSXG, aunque con fecha de 18 de enero, se conoció ayer, horas despues de que el concejal de Urbanismo vigués, José Mariño, anunciara la intención del Gobierno local de continuar con el expediente de derribo. De acuerdo con el calendario fijado en dicho expediente, el próximo sábado sería cortado el suministro de luz, agua y gas al edificio y se procedería a su desalojo.

El TSXG ordenó el pasado 20 de octubre el cumplimiento de la sentencia de demolición del edificio, pero ahora estima el recurso de súplica interpuesto 8 de noviembre por los vecinos contra esa orden.

El litigio por este asunto se originó en la licencia "de obras y construcción de un hotel-apartamento" dada por el Ayuntamiento en 1994. El TSXG anuló en 1999 esa licencia y ordenó la demolición de lo ejecutado al amparo de la misma, tras un proceso iniciado por el ex conselleiro de la Xunta Pablo Padín, ahora líder de Terra Galega. No se demolió nada y, subsiguientemente, el uso residencial dado al complejo, formado por tres módulos arquitectónicos en primera línea de playa, se convirtió en el principal obstáculo para su legalización en el marco del plan general de urbanismo de 1993, como en el del actual.

En mayo de 2009 el TSXG desestimó los recursos que pretendían la inejecución de la sentencia y ordenó al Ayuntamiento que procediese "de modo inmediato" al derribo. El Supremo admitió a trámite un recurso de casación contra el auto del TSXG y, en tanto que tal recurso no es firme, "no procedía acordar la ejecución de oficio" ordenada el 20 de octubre de 2010, según fundamenta ahora el TSXG al estimar el recurso de súplica contra su propia resolución.

No obstante, según advierte este último auto, "solo la legalización [del edificio] sería, en su caso, causa de imposibilidad de ejecución" del derribo, y no consta "solicitud alguna de legalización ni actuación municipal alguna de índole similar". Carlos Abal, el abogado de los vecinos, ha indicado a este periódico, sin embargo, que esos trámites de legalización están avanzados. El mayor problema, según el concejal Mariño, reside en la división horizontal de la propiedad. Para solventarlo, los vecinos han constituido una sociedad a la que han cedido la gestión de sus propiedades y que pedirá licencia para usos hoteleros.