El comercio del Cabanyal critica el "golpe bajo" de Barberá

La asociación de comerciantes del Marítimo de Valencia, Acipmar, advirtió ayer de que la querella anunciada por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, puede frenar las ayudas económicas del Gobierno. "Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat tienen recursos económicos y si estos pueden venir del Gobierno, ahora no querrá saber nada", dijo el portavoz José Santaclara.

Los comerciantes de El Cabanyal califican de "golpe bajo" para su plan de revitalización del barrio el anuncio de Barberá. Y lamenta que Barberá haya dinamitado cualquier posibilidad de pacto entre las dos Administraciones para evitar por más tiempo la paralización de licencias de actividad y obras que sufre el barrio desde hace meses. "Es un golpe bajo al proyecto de dinamización que la asociación presentó el pasado diciembre al Ayuntamiento como tercera vía para recuperar el barrio", agregaron.

Acumulación

El Consistorio ha detenido la concesión de licencias tras una interpretación restrictiva de la orden ministerial, dictada hace un año por el Ejecutivo para evitar nuevos derribos de casas por parte del Gobierno de Barberá. De poco sirvió el informe de la Abogacía del Estado, que aclaró que la orden no amparaba una paralización generalizada e indiscriminada de licencias.

La querella anunciada por la alcaldesa "supone la eternización de la suspensión de las licencias en El Cabanyal", se queja Acipmar. E insiste en que los vecinos de El Cabanyal no pueden ser "rehenes políticos" de nadie y por ello analizará en su próxima asamblea las consecuencias de esta parálisis. "Si el futuro del barrio requería consenso y aunar esfuerzos, con este se lleva a judicializar y politizar, más si cabe, la situación", criticaron.

El Ayuntamiento y la Generalitat solicitaron ayer a la Audiencia Nacional la acumulación de los recursos presentados hace meses contra la Orden de Cultura. Fuentes jurídicas explican que esta solicitud pretende evitar que dos salas diferentes de la Audiencia Nacional juzguen el mismo recurso.

El viernes el Gobierno local dará vía libre al inicio de la tramitación de la querella por supuesta prevaricación. Según el dictamen del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz, que sirve de base a la querella, "la orden ministerial es arbitraria porque no tiene una cobertura razonable".