La Junta obligará a los Ayuntamientos a preservar los lugares de memoria

Cada verano, familiares y descendientes de los 4.000 fusilados en una tapia del Ayuntamiento de Granada durante la Guerra Civil y el franquismo colocan una placa para recordar a sus allegados. Luego va el Ayuntamiento, gobernado por el PP, y la retira. Si la Junta marca el muro como lugar de memoria, ya no lo podrá hacer más. La Consejería de Gobernación ha terminado el borrador de un decreto para señalar los lugares de memoria histórica que obliga a las Administraciones públicas a preservar estas identificaciones.

Es decir, cuando los bienes declarados como lugares de memoria sean de titularidad pública, esta distinción prevalecerá sobre la voluntad del partido que en ese momento gestione los citados bienes. Otra cosa bien distinta es si los propietarios son particulares: entonces la Junta tratará de alcanzar un acuerdo.

El inventario se colgará en Internet para que sirva de base de estudio

En un primer borrador (anterior a este), solo se hablaba de "conveniar" la protección de los lugares de memoria con la Administraciones públicas, pero la consejería ha decidido dar un paso más allá y obligarles a vigilar la perdurabilidad, identificación y señalización de los sitios. En el caso de que se produzca alguna duda y haya riesgo de derribo a alteración de un edificio o enclave concreto -ya sea de titularidad pública o privada-, la Comisaría para la Memoria podrá instar a la Consejería de Cultura a promover la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), que resulta inalterable.

La orden -que ha sido remitida a las asociaciones de memoria- regulará la confección de un catálogo con la relación pormenorizada de vestigios, sitios y edificios vinculados a hechos relevantes de la Guerra Civil y el franquismo. Este registro se configura como un elemento censal que persigue que las Administraciones hagan inventarios y promuevan actividades de estudio e investigación científica. Los lugares inscritos -a propuesta de un grupo específico, adscrito a la Comisión Interpartamental para la Recuperación de la Memoria Histórica- podrán rotularse para facilitar una información común.

El catálogo tendrá un carácter ininterrumpido para que esté permanente actualizado y sirva de instrumento de gestión. El Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, que depende de Gobernación, deberá encargarse del trabajo de campo: ficha individual de cada vestigio, edificio o lugar, identificados numéricamente con su localización y estudio documental de los hechos y las circunstancias por lo que se distingue. El Consejo de Gobierno de la Junta será el que apruebe la declaración de los lugares de memoria.

El catálogo se informatizará y colgará en Internet para investigaciones científicas y "el fomento de una cultura de paz, diálogo, reflexión y pluralismo".

Los sitios se indicarán mediante rótulos e insignias con directrices y criterios uniformes, que se fijarán mediante una orden posterior. También se preservará la accesibilidad y la reparación de cada elemento.

Cataluña lleva en este campo la delantera a la Junta. Ha editado libros con itinerarios para que se pueda seguir una ruta. En Andalucía todavía no hay aún relación de vestigios, si bien el Comisariado para la Memoria cita ya el antiguo cuartel de la Gavidia en Sevilla, desde donde el general Gonzalo Queipo de Llano dirigió la sublevación (actual sede de la Comisaría para la Memoria); la cárcel de Ranilla, también en Sevilla; la tapia-paredón del cementerio de Granada, y las murallas y foso de Puerta Tierra en Cádiz, en los que se fusilaron a centenares de personas, así como el Castillo de Santa Catalina, que sirvió de cárcel.