Baeza acude al fiscal para cerrar una orujera por contaminación paisajística

El alcalde de Baeza (Jaén), el socialista Leocadio Marín, ha decidido acudir a la Fiscalía para lograr el cierre de la orujera que causa una alta contaminación atmosférica y paisajística en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. En marzo de 2007, el Ayuntamiento baezano y Oleícola Jaén S.A. suscribieron un documento para el traslado de las instalaciones de la empresa fuera del casco urbano en un plazo de cuatro años.

Sin embargo, el alcalde baezano justificó ayer la decisión de acudir a los tribunales en el "abuso" por parte de la empresa, que no solo no ha procedido al traslado sino que ha ampliado sus actuales instalaciones sin licencia de obras ni informe medioambiental.

"Esto no es Sicilia, las leyes obligan a todos los ciudadanos", espetó Leocadio Marín tras acusar a la planta de orujo de desobediencia al rechazar la orden de clausura de las instalaciones cursada por el Ayuntamiento el pasado sábado. Marín no ocultó que la actividad de la orujera amenaza el título de Patrimonio de la Humanidad que Baeza logró en 2003 por parte de la Unesco junto con la vecina localidad de Úbeda. Este título reconoce la excepcionalidad del patrimonio de esta joya del Renacimiento, pero también incluía en el expediente la declaración de la vertiente sur de La Loma, la que mira a Mágina y al valle del Guadalquivir, como Zona de Especial Protección Paisajística.

Emisión de humos

Este reconocimiento estaba condicionado a poner fin a la emisión de humos de una industria oleícola que envuelve a la ciudad monumental en una nebulosa durante varios meses al año.

La orujera, que funciona como un secadero de alperujo -un subproducto del olivar que se obtiene de la extracción del aceite de oliva mediante los nuevos sistemas de centrifugación-, habría engañado al Ayuntamiento sobre la titularidad de los terrenos en los que, supuestamente, iba a trasladar la industria, según el alcalde.

Mientras tanto, los responsables de Oleícola Jaén S. A. han anunciado un recurso contencioso-administrativo contra la orden municipal de clausura de sus instalaciones, una medida que podría alargar aún más la resolución de este conflicto. La empresa aduce que la clausura acabaría con el empleo de casi medio centenar de trabajadores.