El conflicto de los medicamentos
Hace dos días, el Ministerio de Sanidad anunció su intención de presentar dos recursos para impedir la aplicación del catálogo de medicamentos aprobado por la Xunta. El primer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene el objetivo de lograr la suspensión cautelar de la norma que establece dicho catálogo. El segundo recurso sería presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley que aprobó el Parlamento de Galicia el pasado 22 de diciembre, al considerar el Gobierno que dicha ley excede las competencias de la comunidad autónoma y discrimina a los ciudadanos gallegos respecto a los del resto de España.
Como es evidente que el gasto farmacéutico es un problema complejo y depende de varios factores, es conveniente, antes de entrar en el litigio que enfrenta al Gobierno y a la Xunta, hacer algunas consideraciones previas para la mejor comprensión del problema. En primer lugar, es incuestionable que existe un excesivo gasto farmacéutico. Según los informes de la OCDE, España es el país que tiene un porcentaje mayor del gasto público sanitario en farmacia. Esto se debería, según la industria farmacéutica, al bajo gasto sanitario público español en relación con otros países de nuestro entorno. Sin embargo, España es también el país en el que el gasto farmacéutico representa un porcentaje mayor del PIB -muy superior al promedio europeo-, lo cual refuta abiertamente las tesis de Farmaindustria. En realidad, el excesivo gasto en farmacia se debe a factores tales como la enorme influencia que los laboratorios y los colegios de farmacéuticos tienen sobre las autoridades sanitarias y sobre la profesión médica, que, en definitiva, es quien prescribe los medicamentos.
La Xunta se decanta por las presentaciones más baratas de los mismos principios activos
Por otra parte, la masificación del sistema crea una situación en la que la manera más rápida de resolver una consulta médica de corta duración es con una prescripción, sea esta necesaria o no. A todo ello hay que añadir que en España el porcentaje de genéricos (sustancias de igual efectividad terapéutica exentas de patentes) es mucho menor que en otras naciones de nuestro entorno, y no conviene olvidar que nuestro país es el que tiene, dentro de las especialidades farmacéuticas del recetario público, un mayor número de nuevos productos, que resultan de igual eficacia que los medicamentos con más años de vida, mayor experiencia terapéutica y más baratos.
En este contexto se sitúa el actual conflicto entre el Gobierno y la Xunta de Galicia. Es cierto que corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Agencia Española del Medicamento, fijar qué fármacos reúnen las condiciones para su comercialización en España y, dentro de ellos, cuáles son incluidos en el recetario público, es decir, cubiertos por el sistema público de salud. Es muy posible que, teniendo en cuenta la doctrina y la tradición del Tribunal Constitucional, el Gobierno pueda solventar favorablemente a sus tesis este contencioso. Pero no conviene perder de vista que la dinámica del Estado autonómico ha producido ya diferencias notables en el catálogo de prestaciones sanitarias entre diferentes comunidades autónomas, aunque respetando siempre los mínimos establecidos para todo el Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, el Gobierno, además de crear una preocupación ciudadana injustificada, pierde toda la razón que pudiera asistirle cuando afirma que la iniciativa de la Xunta significa una discriminación para los usuarios del Sergas. Porque, en realidad, lo que ha decidido el Gobierno gallego es simplemente decantarse, dentro del recetario público, por las presentaciones más baratas de los mismos principios activos. ¿Dónde está, pues, la discriminación?. No se ve por ningún lado. Salvo que el Gobierno afirme que esas presentaciones más baratas de los principios activos tienen una eficacia terapéutica menor que aquellos medicamentos más caros contemplados en su catálogo de fármacos. Como no creo que se atreva a decir semejante disparate, el Ministerio debería retirar de su discurso y de sus recursos el inaceptable argumento de la discriminación.
Ahora bien, la Xunta ha de ser consciente que reducir el gasto farmacéutico requiere otras medidas además de la ya tomada. Entre otras, la drástica reducción de la prescripción como forma de resolver consultas rápidas, y, desde luego, tomar en serio la información y formación farmacológica de sus profesionales, hoy en manos de la industria farmacéutica. Finalmente, si la Xunta y el Gobierno persiguen, como dicen, la reducción del excesivo gasto farmacéutico y no la utilización de las instituciones para la confrontación partidista, están obligados a un entendimiento en esta crucial cuestión. Desde luego, hay base para ello. Veremos si también existe voluntad política.
