Compromiso de austeridad

El control del gasto en las comunidades autónomas y ayuntamientos está en el foco de atención de los inversores. El desplazamiento del interés de los mercados hacia los gastos periféricos tiene al menos una interpretación favorable: el Gobierno central ha convencido a casi todos de que su programa de ajuste fiscal se aplica con seriedad. Las dudas se desplazan hacia el compromiso con la reducción del déficit de las autonomías y de los municipios. Los hechos conocidos son muy parcos. Mientras la Administración central cerrará el ejercicio 2010 con un déficit inferior a lo esperado (menos del 6,7% del PIB), el conjunto de las autonomías respeta más o menos el límite de déficit, situado en el 2,4% del PIB, con dos excepciones (Murcia y Castilla-La Mancha) que han sido castigadas por Moody's con una rebaja en la calificación de su deuda. El esfuerzo de la Administración central permitirá compensar cualquier desviación del déficit autonómico, de forma que pueda cumplirse con holgura el objetivo del 9,3% comprometido.

Las cuentas autonómicas y municipales tienen mala imagen pública. Son opacas, incluso para el Estado central, que se las ve y se las desea para conocer "algo que se parezca a la verdad" sobre las auténticas deudas y déficits de las comunidades. Los Gobiernos autonómicos han confundido siempre la autonomía con la falta de transparencia y guardan celosamente la información sobre sus ingresos y gastos. Frecuentemente dispersan en sociedades mixtas cantidades de deuda que deberían estar contabilizadas en los presupuestos públicos. Además, las autonomías exhiben gastos redundantes; duplican los organismos públicos, llegan a crear embajadas y multiplican los costes de la administración del Estado. El sistema autonómico debe ser defendido, puesto que la descentralización ha permitido, entre otros beneficios, la aplicación eficiente de las inversiones públicas. Pero debe aprovechar la oportunidad de la crisis financiera y la recesión para ajustar sus costes y demostrar que funciona racionalmente, incluso en los peores momentos económicos.

Los pasos para conseguirlo deberían empezar con un acuerdo político entre el Gobierno y el PP para ratificar que las comunidades autónomas están comprometidas en el ajuste presupuestario. Puesto que un acuerdo de este tipo beneficiaría también al PP (si llegara a gobernar) no se entiende bien la resistencia del primer partido de la oposición a suscribirlo. Por supuesto, la explicación es que el PP no quiere conceder ningún espacio de mejora al Gobierno; pero cualquier decisión que retrase la reducción del déficit y la deuda de las autonomías será tiempo perdido cuando se trate de gestionar la crisis a partir de 2012. La oferta de consensos lanzada el miércoles por Mariano Rajoy todavía no ha pasado de ejercicio retórico.

El recorte del gasto en las autonomías tiene mucho recorrido si se aplica un plan de reducción de entes públicos (liquidación o fusión). Conste que la austeridad autonómica no debe buscarse porque eso es lo que exigen los llamados mercados; es una actitud beneficiosa en sí misma para toda la ciudadanía. Y si las autonomías quieren mejorar su imagen financiera, tienen que transmitir sus cuentas públicas con total transparencia y acostumbrarse a comparecer ante inversores de vez en cuando. Como hacen las empresas o el Gobierno. -