El Gobierno promete no prorrogar el decreto del carbón cuatro años más
Las ayudas mineras se ampliarán pero sin seguir primando el producto nacional
El Ministerio de Industria garantiza que la prórroga de las ayudas a la minería hasta 2018 no supondrá ampliar el polémico decreto del carbón, que da prioridad hasta 2014 al fósil nacional frente al importado que utilizan las centrales térmicas gallegas de As Pontes y Meirama. "Que se prorrogue el reglamento no implica que lo haga el Real Decreto", apunta un portavoz del gabinete de Miguel Sebastián. "Ambas normas son paralelas, pero no van juntas", precisa.
La prórroga de las ayudas a la minería, autorizada el pasado miércoles por Bruselas, ha tenido una acogida dispar en la comarca de As Pontes y Cerceda, donde se quema fósil importado después de que se agotaran los yacimientos de lignito local. Los alcaldes socialistas de ambos municipios, Valentín Formoso y José Liñares, defienden que la prórroga abre la puerta a nuevas ayudas del Plan Miner, con jugosas inversiones en infraestructuras, prejubilaciones, becas, subvenciones al empleo y formación.
Alcaldes del PSOE esperan que las subvenciones lleguen a Galicia
Los recelos afloran, fundamentalmente, entre el colectivo de los transportistas y la CIG, temerosos de que la misma ampliación -cuatro años más- se le aplique también al controvertido decreto del carbón, paralizado cautelarmente por los tribunales. El ministerio sostiene que no será así. Las ayudas a la minería estatal se prolongarán hasta el 2018, mientras que el decreto (Real Decreto 134/2010) está regulado hasta diciembre del 2014. La norma que prima la electricidad producida con carbón nacional frente a la que generan las centrales térmicas de As Pontes y Meirama con producto foráneo está bloqueada en los tribunales desde finales de octubre, y todavía no se ha puesto en marcha.
"Supongo que esos temores son fruto de la confusión", argumenta el alcalde pontés, que resta importancia a los recelos de los camioneros, y cifra en "unos 800 millones de euros" las ayudas que Galicia ha recibido al amparo del Plan Miner desde 1998 hasta el 2010. "Esas ayudas pagaron tramos de autovía y las prejubilaciones de muchos ponteses", recuerda.
Formoso opina que el cierre impuesto por las autoridades europeas a las minas no rentables en 2018 supondrá una nueva ventaja competitiva para las térmicas gallegas de Endesa y Fenosa. "Son centrales cerca del mar, con las inversiones hechas y las carreteras funcionando", destacó.
Los grandes sindicatos estatales mantienen puntos de vista dispares sobre la prórroga. La federación minera de UGT aplaude la prórroga y CC OO celebra las ayudas, pero protesta contra el anunciado cierre de los yacimientos mineros. Miguel López (UGT), presidente del comité de As Pontes, trasladó esta semana a la dirección de Endesa la necesidad de prolongar el Plan Miner bajo el paraguas europeo. "Nuestra mina está agotada, en proceso de cierre, pero queda trabajo por hacer en el lago, los taludes y pistas", argumenta López.
El presidente del comité de Meirama, Bautista Vega, de la CIG, mantiene su preocupación con la vista puesta en el decreto. Considera que si se mantienen las ayudas y el decreto no se deroga, las térmicas gallegas lo tendrán "muy crudo". Temen que los incentivos al fósil nacional releguen a las plantas de As Pontes y Cerceda, con mineral importado, a la cola de la generación eléctrica, por detrás de centrales menos rentables y más contaminantes. Los camioneros preparan nuevas movilizaciones para las Navidades, y la CIG planea una manifestación a mediados de enero en Santiago contra el controvertido decreto.
Paralizado por la justicia
El Ministerio de Industria asegura que el polémico decreto del carbón es un mecanismo puntual y "muy coyuntural" para regular el mercado energético y dar salida al gigantesco stock de mineral autóctono (unos 18 millones de toneladas de carbón) que se apila en las cuencas de Asturias y León sin hueco en el mercado eléctrico "cuando la demanda es baja". "Es una salvaguarda para las ocasiones en las que [el carbón nacional] no alcance precios de mercado competitivos", insisten desde el ministerio, "cuando se anime la demanda no será necesario aplicar el decreto".
Los recursos presentados por las tres grandes eléctricas -Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola- ante el Tribunal Supremo y el europeo de Estrasburgo han logrado retrasar la puesta en marcha del reglamento, prevista para octubre. As Pontes y Cerceda, gobernadas por el PSdeG, se aliaron con la Xunta para recurrir el decreto en los juzgados. No obstante, el Gobierno mantiene su intención de activar norma tan pronto como la justicia lo permita.
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