La juez del 'caso Quality Food' mantiene todas las imputaciones

La titular del juzgado de instrucción 3 de Cádiz ha abierto el procedimiento abreviado para el caso Quality Food, que investiga las irregularidades contables detectadas en esta empresa, cuya mayoría de acciones compró la Zona Franca durante la etapa del PP en el Gobierno central. La juez mantiene sus imputaciones por varios delitos, entre ellos el de estafa y apropiación indebida, contra el dueño de esta empresa, Manuel García Gallardo, su familia, un empresario y el director de una oficina bancaria.

Zona Franca y García Gallardo llevan enfrentados desde 2004, cuando finalizó el idilio entre el recinto fiscal y este empresario, entonces representante de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando. En diciembre de 2003, la Zona Franca compró la mayoría de acciones de esta compañía, según explicó después, para intentar mantener los puestos de trabajo en una empresa que ya entonces estaba al borde de la quiebra. Pero el empresario siempre ha argumentado que la crisis de su proyecto comenzó cuando dejó de estar al mando. El enfrentamiento se vive ahora en una triple vía: civil, mercantil y penal.

La Zona Franca ha ganado la mayoría de demandas civiles para la devolución de dinero conseguido por la compra o venta de parcela y de bienes muebles de las naves. En cambio, la vía mercantil ha sido ganada por el empresario. La última sentencia obliga al recinto fiscal a pagarle 19 millones por la diferencia entre lo que García Gallardo recibió por las acciones compradas y lo que realmente valían. Pero la batalla penal está abierta todavía.

El procedimiento abreviado se abre asumiendo la mayor parte de las tesis de la querella y su posterior ampliación, presentada por la Zona Franca contra García Gallardo. Según el recinto fiscal, el empresario utilizó Quality Food para quedarse con dinero público de aportaciones y subvenciones. También están procesados los padres y la hermana del dueño de la compañía, un empresario y el director de una oficina del BBVA.

Según explicó ayer García Gallardo, el auto de la juez llega después de que él presentara hasta siete escritos instando a la agilización de la instrucción. "La juez reconoce que abre el procedimiento porque no tiene capacidad técnica para asumir si las denuncias de la Zona Franca son correctas o no, pero aún así mantiene las imputaciones. No se tiene en cuenta la presunción de mi inocencia". El empresario exige los 19 millones que la Zona Franca no le pagará hasta que no se resuelva la vía penal.