Una comisión educativa fantasma

Dos convocatorias y las dos, presuntamente, sin apoyo legal. Así lo plantea el recurso de alzada presentado el 2 de diciembre ante la Secretaría Autonómica de Educación por Miguel Vera y Luis García Trapiello, de CC OO, miembros de la comisión permanente de trabajo que dirige el Consejo Escolar Valenciano (CEV) sin ninguna atribución legal desde el 15 de octubre, cuando se publicó el decreto que regula el funcionamiento de los nuevos consejos escolares. Vera y Trapiello reclaman la "nulidad de todas las actuaciones de la comisión" porque entienden que no tiene amparo en norma legal alguna. En su opinión, se trata de una comisión fantasma.

La modificación del Consejo Escolar Valenciano se produjo tras los duros enfrentamientos entre la Consejería de Educación y profesores, alumnos y padres de alumnos. Tras la ruptura de las negociaciones con la Plataforma per l'Ensenyament Públic, el consejero Alejandro Font de Mora reformó la Ley de Consejos Escolares para que la Administración dispusiera de una cómoda mayoría, reduciendo el número de miembros del consejo de 68 a 60 y asegurándose el 52% de los puestos.

La consejería no levanta actas de las reuniones que se celebran

Todas estas novedades se realizaron rápidamente, sin consenso, sin aceptar ninguna enmienda de la oposición y con escaso rigor en la redacción del texto. El Consejo Económico y Social realizó un dictamen crítico con el anteproyecto de ley y la tramitación en las Cortes Valencianas se realizó por el trámite de urgencia.

La primera ley educativa desde que Francisco Camps ocupa la presidencia de la Generalitat se aprobó el 19 de mayo de este año con los únicos votos del grupo parlamentario del PP. Pero las prisas trajeron consecuencias. Entre ellas, la creación de una comisión transitoria entre el viejo y el nuevo consejo escolar que desde el mes de octubre funciona en el vacío legal. Los representantes de CC OO no dudan en calificar la misma de "ilegal y fantasma".

"La ley y el decreto que la desarrolla se redactaron mal", explica García Trapiello, "y la Comisión Permanente de Trabajo prevista en una disposición transitoria solo debía existir hasta la aprobación del decreto que establece el número de miembros del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana". Ese decreto se publicó el 15 de octubre, pero no tuvo en cuenta la necesidad de prorrogar la vigencia de la comisión durante los tres meses que la consejería se ha dado de plazo para nombrar a los 60 consejeros del nuevo Consell.

Desde su desaparición legal, la comisión se ha reunido en dos ocasiones, el 26 de noviembre y el 1 de diciembre, sin que el presidente de la misma, Francisco Baila, explicara el porqué de la actual situación. Pese a ello, en el orden del día de las reuniones se han incluido asuntos como la Memoria del CEV de 2009, dos informes sobre el sistema educativo valenciano entre 2005 y 2009, la memoria económica del consejo y el documento base para el próximo encuentro estatal de consejos escolares que se celebrará en Logroño en 2011.

Lo que sí ha hecho la consejería ha sido movilizar a sus servicios jurídicos, que le han recomendado que de esas reuniones no quede acta ni se resuelva nada. "Doble inutilidad. Porque el presidente y el secretario siguen cobrando por un nombramiento en una comisión que no existe. Y, a los consejeros desplazados, se les pagan las dietas por desplazamiento, por mínimas que sean", remata Trapiello.