Los dueños de casas ilegales se unen

La solución más factible, ecuánime y eficaz para la acumulación de viviendas en suelo rústico o no urbanizable en Andalucía es hacer tabla rasa y habilitar una fórmula para legalizarlas masivamente. Y para hacer fuerte la reivindicación nada mejor que agrupar a las decenas de miles de afectados esparcidos por todo el territorio andaluz. Con ese planteamiento, la asociación de propietarios de viviendas ilegales de Mijas (Málaga) promueve una plataforma para hacer presión a las administraciones en la que pretende aglutinar al mayor número de afectados.

Los promotores de la iniciativa estiman que en la comunidad puede haber unas 500.000 viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable y consideran que la dimensión que alcanza el fenómeno requiere de una respuesta única, en contra de la postura que mantiene la Junta, que ha apostado por buscar soluciones desde el planeamiento urbanístico de cada municipio, atendiendo a sus peculiaridades, y revisar en cada uno de ellos la situación caso a caso, proceso que resulta muy lento por su complejidad, y frente al que la plataforma propone la inmediatez del borrón y cuenta nueva. Los afectados ponen como modelo el caso de Extremadura, donde PSOE y PP acaban de consensuar una reforma legal para legalizar todas las viviendas rústicas siempre que no ocupen suelo especialmente protegido.

Los promotores de la iniciativa ponen a Extremadura como ejemplo a seguir

La Junta tiene inventariados hasta el momento 100.000 casos

Los afectados de Mijas consideran que la fórmula propuesta por la Junta es inviable, y ponen como ejemplo el caso de este municipio de la Costa del Sol, donde en cuatro años desde el anuncio del plan de regularización no se ha avanzado nada, ni tampoco, como consecuencia, en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Solo en este municipio, el más extenso de la provincia de Málaga, se estima que existen unas 4.000 casas ilegales. "Hemos tratado en todo lo posible de llegar a acuerdos con los políticos, pero en todo este tiempo no hemos recibido ni una mala palabra ni ninguna buena acción", se queja el abogado Ricardo Santandreu. Según el letrado de la plataforma mijeña, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "puede que esté concebida como una ley del siglo XXI", pero el inconveniente es que "los ayuntamientos no estaba preparados ni tenían medios para aplicarla". De hecho, apunta Santandreu, durante los casi ocho años que lleva en vigor el fenómeno no sólo no se ha frenado, sino que ha proliferado.

Los promotores de la plataforma consideran que, ante una situación de tal dimensión, la respuesta de las administraciones no es ya ineficiente, difícilmente se puede actuar contra cientos de miles de personas, sino que es además arbitraria. Así relatan como hay casos en los que se procede en la vía administrativa exclusivamente, otros que se llevan a la vía penal y numerosísimos en los que no hay ningún tipo de intervención porque no media denuncia de parte.

Según la plataforma hay "privilegiados" que resultan impunes. Además, lamentan que las actuaciones administrativas sólo castiguen a los constructores y propietarios y no a políticos y técnicos que han autorizado las construcciones ilegales. Por eso insisten en que lo mejor es la legalización de todas las viviendas, definiendo un procedimiento que diera garantías jurídicas y procurando el coste cero para los ayuntamientos, y a partir de ahí iniciar una nueva etapa en la que "se impida la construcción de viviendas donde no lo permite la ley y que esta se aplique con seriedad para que no se repita lo que ha ocurrido hasta ahora".

El PP también aboga por hacer borrón y cuenta nueva y establecer un procedimiento de legalización generalizado similar al acometido en Extremadura.

La Junta mantiene que no puede haber una respuesta general para un fenómeno que tiene muy distinta casuística con situaciones muy dispares, y que hay que aprovechar que todos los municipios están en proceso de adaptación o de redacción de sus planes de ordenación urbana a la LOUA para abordar las soluciones desde cada municipio. Los planes dibujan un modelo que es el que determinará qué actuaciones pueden tener cabida en él y cuáles no, y, cruzarlo con el inventario de construcciones ilegales para determinar cuáles y en qué condiciones se regularizan y las que no son posible en ningún caso, filosofía similar a la que ha inspirado las normalizaciones acomedidas en Marbella o Chiclana.

Para detallar este catálogo de construcciones irregulares, la Junta firmó un acuerdo con 78 municipios. Hasta el momento, la Junta tiene ya inventariadas unas 100.000 casas ilegales, según la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, aunque admitió que el trabajo de inspección está aún lejos de concluirse.