La Xunta privatiza el control del ganado contra el criterio veterinario

Después de 12 años de férreo control, impuesto tras la crisis de las vacas locas a finales de los noventa, el proceso de identificación de ganado bovino, ovino y caprino, asistido desde 2008 por veterinarios de la empresa pública Seaga, se abre a empresas privadas o queda bajo responsabilidad del ganadero, encargado también de comunicar, por teléfono o a través de un portal web de Medio Rural, los datos de sus animales. Un nuevo decreto, en vigor desde principios de la semana pasada, acerca el sistema gallego al del resto de las comunidades españolas y sustituye la verificación del profesional en la explotación por el autocontrol del ganadero.

"Ahora parece que no es un servicio tan imprescindible y que lo puede hacer cualquiera", se queja Quino Pisonero, veterinario de Seaga con 12 años a sus espaldas visitando las explotaciones de la comarca de Melide. "Al final, acabas conociendo no solo a los ganaderos, también el nombre de las vacas", explica.

Una docena de entidades tiene permiso para prestar el servicio

Medio Rural prevé ahorrar cinco millones al año con el nuevo sistema

No es un chascarillo: los veterinarios de Seaga, ordenador en mano, eran hasta hace unos días los responsables exclusivos de colocar en cada una de las orejas del animal un crotal, la chapa identificativa de la res y de la explotación en la que nacía, así como de cubrir, siempre in situ, los datos del ternero y de su madre. Con la nueva norma, esos datos, reflejados en el Documento de Identificación Bovina (DIB) -que acompaña al animal durante toda su vida- le serán enviados al ganadero por correo postal después de que este comunique por teléfono o por medio de una web -la Oficina Agraria Virtual- ya operativa, el número de crotal aplicado al becerro.

Una segunda vía permite al propietario de la granja delegar el trámite en "entidades identificadoras", que por primera vez podrán ser empresas privadas y cooperativas que se den de alta para realizar y cobrar el servicio, pero también particulares. Doce de estas entidades -entre ellas la Federación de Razas Autóctonas de Galicia, o Africor Lugo- ya pueden desempeñar esta labor tras recibir el visto bueno de Medio Rural.

Ninguna de las dos vías, la que confía en el autocontrol del ganadero y la que abre el servicio a empresas privadas, satisface a los veterinarios, convencidos de que se aparta al profesional de la vigilancia sanitaria. "No se especifica con qué tipo de medios deben contar las entidades, ni qué formación deben tener", se queja María Jesús García, miembro del comité de empresa de Seaga.

El Decreto 183/2010 que fija los cambios con respecto a la normativa de 1998 obliga a las entidades postulantes a "contar con los medios técnicos" y "el personal técnico necesario", pero no hace referencia a ninguna titulación concreta. "Necesitamos un control profesional, que es siempre un control veterinario", reclama Uxío Rei, presidente del Consello Galego de Colexios Veterinarios, que ha presentando alegaciones al texto precisamente por la vaguedad con la que se acota el perfil profesional de los identificadores. Organizaciones como el Sindicato Labrego Galego recomiendan a sus afiliados no elegir este último sistema. En todo caso, sea cual sea la vía elegida, la Administración debe disponer de los datos de los animales en 20 días de plazo desde el nacimiento.

La privatización del servicio ha abierto varios frentes entre Medio Rural y los veterinarios, tanto los de Seaga -directamente afectados por el cambio, que los deja en la calle- como por los agrupados en los colegios profesionales. La consellería de Samuel Juárez apela a "la evolución de la ganadería gallega y al desarrollo de las nuevas tecnologías" para justificar el nuevo modelo. El sistema recién estrenado permitirá ahorrar, según cálculos de Medio Rural, cinco millones de euros al año.

En enero de 2011 expiran definitivamente los contratos de los veterinarios de Seaga, que hasta entonces están llamados a seguir con su trabajo habitual. A partir del año que viene, la identificación de las reses sólo será posible con el nuevo sistema. La consellería informó del cambio a los ganaderos por carta, antes de que se publicase el decreto que lo regulaba. En la misiva, el departamento de Juárez insistía en el carácter "más económico" del nuevo modelo. "No supone un cambio en las obligaciones de identificación animal ni para productores ni para la Administración", explican portavoces de la Dirección Xeral de Producción Agropecuaria.

La normativa aprobada a finales de los noventa para tratar de frenar la expansión de la encefalopatía espongiforme bovina imponía al ganadero el pago de una tasa social de 2,6 euros por cada crotal, 3,6 si había que sustituirlo por uno perdido. Con la privatización del servicio, este precio queda en el aire. "Los problemas los van a tener los ganaderos que vivan en lugares aislados y que elijan vincularse a una de estas entidades", augura García, "porque son los lugares a los que es más caro llegar".

El perfil sociodemográfico de los criadores de ganado es otro de los inconvenientes del nuevo sistema que señalan los veterinarios. Aunque los ganaderos pueden escoger indistintamente comunicar los datos de sus reses por teléfono o Internet, desconfían de un sistema que aleja a los supervisores de las cuadras. "¿La telefónica es una forma de verificar?", se pregunta Rei.