Nuevo fallo contra los inspectores de Educación

Nuevo revés judicial para la política educativa de Francisco Camps. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Valencia ha anulado la orden de la Consejería de Educación del 30 de abril de 2007, por la que la Generalitat convocó oposiciones para consolidar las plazas de un grupo de inspectores nombrados a dedo. A lo largo de las dos legislaturas de gobierno de Camps ingresaron 34 militantes y afines del PP, que representan el 22% del actual cuerpo autonómico de inspectores de educación.

La sentencia, que da la razón a la denuncia presentada por CC OO, declara "nula" la orden y acuerda "la retroacción de las actuaciones al momento de la designación de los miembros del tribunal", que fueron elegidos por el director general de Personal -excepto el presidente-. "Deberían haber sido designados por sorteo entre los funcionarios de carrera en activo", dice el fallo.

Luis García Trapiello, asesor jurídico de la federación de enseñanza de CC OO, pidió ayer, nada más conocerse la sentencia, que "el Gobierno valenciano se siente a hablar y negociar la política educativa" y "dé respuesta a los graves problemas que tiene la enseñanza valenciana". Entre ellos, citó el hecho de que "la consejería está viendo anuladas todas las órdenes importantes que configuran su política: la de Educación para la Ciudadanía en inglés; la orden que regula los programas experimentales; la sentencia contra el expediente sancionador a un director de instituto, y ahora la de los inspectores". UGT también recurrió la orden y ganó ante el Tribunal Superior de Justicia el pasado 24 de septiembre. Educación no ha anulado los nombramientos.