EE UU maniobró en la Audiencia para frenar casos de crímenes y torturas

La Embajada de EE UU en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional contra militares y políticos estadounidenses. Ese ha sido un elemento de preocupación constante en la legación diplomática, que ha utilizado a fiscales y altos cargos del Gobierno para interferir en el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo. Los informes secretos puestos a disposición de EL PAÍS por Wikileaks describen las presiones ejercidas por el embajador estadounidense y sus principales colaboradores sobre miembros del Gobierno y de la justicia para archivar esas causas.

Destacados políticos y fiscales han cooperado con EE UU en esa estrategia, bien aportando a la embajada información precisa sobre la instrucción judicial o bien favoreciendo el archivo de los casos. Entre estos figuran el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, o el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza. En una conversación con el embajador estadounidense, por ejemplo, Conde-Pumpido le dijo que él quería el archivo del caso Couso (informe "confidencial" del 19 de julio de 2007). El fiscal general comentó ayer a EL PAÍS que la Fiscalía traslada a veces información a EE UU, pero que siempre son datos públicos facilitados a petición de la embajada.