Alcoi adelanta al Consell tres millones para juzgados sin atar el cobro

En 2004 el ex alcalde de Alcoi Miguel Peralta, del PP, en aquel momento consejero de Justicia de la Generalitat, presentó el proyecto de nuevos juzgados que se trasladarían al casco histórico, en la Placeta de la Mare de Déu. La obra estaba presupuestada inicialmente en 1,1 millones de euros. Según el consejero de entonces, el Ayuntamiento debería "adelantar el pago" de las obras y en un futuro, con la firma de un convenio, el Ayuntamiento recuperaría el dinero mediante una permuta entre las viejas, en la plaza de Al Azraq, y las nuevas dependencias judiciales.

Las obras están a punto de concluir, aunque la inversión ha superado los 3,1 millones de euros. El tiempo ha transcurrido y no se ha firmado ningún acuerdo ni convenio. Sin embargo, el problema es que el Ayuntamiento cedió en 1976 las instalaciones de la hipotética permuta (los actuales juzgados) a la Generalitat por un periodo de 30 años. Ahora, según el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antoni Francés, esa permuta "no es posible, porque en el momento en que un bien es cedido por un Ayuntamiento a otra Administración para un fin de determinado dejará de tener ese uso para el que se cedió, y el bien volverá a ser propiedad de forma gratuita". "No podemos pagar por algo que ya es nuestro", apostilla.

Mejor sin convenio

Los socialistas se preguntaban ayer "¿por qué el Ayuntamiento ha tenido que pagar una obra de la que no es competente? ¿Si no hay convenio qué garantías tenemos de que el Consell pague?". Francés instó al PP a resolver el conflicto. "Censuramos la irresponsabilidad del PP en este tema que desde 2004 está plagado de confusiones y engaños", dijo.

Rafael Sanus, concejal de Régimen Económico, del PP, admite que el Ayuntamiento trabaja en un borrador de convenio, pendiente de la valoración de los dos inmuebles. "La mejor garantía para resolver el problema es que no hay un convenio firmado, porque ahora se buscará la mejor fórmula", aseguró ayer el concejal del PP, que baraja dos escenarios: que los viejos juzgados cedidos hace 35 años se devuelvan al Ayuntamiento o continúen para la Generalitat, con lo que el Consell debería sufragar el coste de las nuevas dependencias judiciales, que, según Sanus, no son 3,1 millones, si no dos millones. La diferencia es el valor del material de las oficinas que aportará el Consell.