El TC admite también el recurso del PP al decreto del sector público

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, según fuentes del Alto Tribunal. El PP presentó el 27 de octubre pasado su recurso contra el citado decreto al considerar que supone un "atropello y vulneración" de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta, además de perpetuar en la Administración a quienes han entrado por el "amiguismo y enchufismo" del PSOE.

El recurso del PP, que se suma a los interpuestos por CSIF, Ustea, Safja, y UGT y Comisiones Obreras (estos dos últimos han anunciado su retirada tras pactar con la Junta unas modificaciones), incide en que incumple el Estatuto Básico del Empleado Público "por inexistencia de la previa negociación colectiva" y alega el incumplimiento de las funciones propias de los funcionarios.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue acompañada por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y una decena de diputados al TC para presentar el recurso, dijo entonces que su partido pretende "defender el derecho de todos aquellos que con su mérito y capacidad han trabajado para obtener puesto en la función pública". A su juicio, el recurso presentado ampara la igualdad de oportunidades de cualquier español y andaluz a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la lucha contra el enchufismo y los nombramientos "a dedo" por vinculación política y la necesidad de garantizar la legalidad en el cumplimiento de las funciones públicas.

El Gobierno andaluz señaló ayer que el decreto 5/2010 recurrido por el PP fue sustituido el pasdo día 23 por otro que incluye los acuerdos con UGT y Comisiones, y que se publicó en el BOJA el pasado viernes 26. Por tanto, el ejecutivo andaluz entiende que el decreto recurrido no existe y que el PP deberá recurrir el nuevo decreto.

Por su parte, el coordinador de IU, Diego Valderas, emplazó a la Junta de Andalucía y al PSOE a que "abandonen la palabrería" y marquen un calendario de negociación para el decreto-ley, que se tramitará en el Parlamento como proyecto de ley. "No podemos salir del debate del proyecto de ley sin que se haya alcanzado un gran consenso con todos los sindicatos y todas las fuerzas políticas", las cuales tienen que velar por una administración "más eficaz" para los ciudadanos.