Una tele para el mejor postor

Fue el PP de Eduardo Zaplana el que abrió el debate de la privatización de Canal 9. Lo hizo incluyendo su propuesta en el programa electoral de 1999 y en 2002 el primer intento de poner en manos privadas la televisión pública valencia echó a andar. Zaplana dijo entonces que "existía un ambiente propicio" para ello. Por entonces, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ya acumulaba una deuda millonaria, que no ha hecho más que crecer hasta superar los 1.100 millones de euros y ha tenido que sobrevivir a base de avales de la Generalitat, créditos leoninos e impagos. Se creó entonces, sin ningún éxito, una comisión parlamentaria de estudio de nuevas fórmulas de gestión para el ente. Los socialistas la abandonaron y de ella salió el embrión de lo que más tarde fue la cobertura para el concurso de privatización.

Canal 9 acumula más de 1.100 millones de euros de deuda

Los tribunales tumbaron la privatización iniciada por Zaplana

En octubre de 2002, el que era director de recursos humanos de Canal 9, David González, se reunió con el comité de empresa y les anunció la privatización como algo inevitable e inminente. Los sindicatos contestaron con concentraciones primero, paros, manifestaciones y recursos ante los tribunales. Ellos, los consumidores y la oposición (PSPV y EU) presentaron los correspondientes recursos contra los pliegos de condiciones para privatizar informativos, 1.884 horas de programas y espacios publicitarios. ¿Por qué? Esencialmente, se vulneraban cuatro leyes: el Estatuto de Autonomía vigente entones, la ley de terceros canales, la ley de creación de RTVV y la ley de contratos de la Administración pública. El PP quería llevar a Canal 9, pretensión que parece haber abandonado, el modelo de gestión que entonces estrenó con el Hospital de Alzira.

16 empresas se presentaron al concurso para gestionar el canal autonómico que estaba en manos de José Vicente Villaescusa. Pero la justicia, en varios pronunciamientos, no permitió que se siguiera adelante. En febrero de 2004, la titular del Juzgado de lo Contencioso de Valencia estimó un recurso de UGT y anuló el acuerdo del consejo que permitió abrir el proceso de privatización (o externalización, como camufló el PP sus intenciones).

En el fallo explicó que el objetivo de los concursos que ponían en manos privadas Canal 9 vulneraba los principios de gestión pública, afectaba a servicios esenciales como los informativos, no respetaba las competencias recogidas en la ley de creación y no quedaba claro que supusiera un ahorro. La magistrada fue rotunda: "Canal 9, según la ley de creación, es una televisión pública cuya gestión no puede pasar a manos privadas". Se sucedieron varios pronunciamientos judiciales en sentido casi idéntico. Y finalmente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la sección tercera de la sala de Lo Contencioso, sentenció que los concursos eran ilegales.

Esa fue la respuesta que se encontró el presidente Francisco Camps en los tribunales. Él hizo suyo el proyecto que inició Zaplana y reiteró su intención de culminarlo. No ha abandonado la idea. Las declaraciones de hace dos semanas del presidente del consejo de administración de RTVV, Emilio Fernández, no parecen haber sido una improvisación, por más que José López Jaraba, director general del ente asegurara en su intervención en las Cortes esta semana que no sabe nada de la privatización y que el suyo es un compromiso con una televisión pública.

Lo cierto es que la Generalitat no ha sabido soltar el lastre del gasto descomunal e injustificado de una televisión que está entre las últimas en audiencia. RTVV pagó más de 14 millones de euros en la visita del Papa en 2006 (el triple que los canales gallego y catalán juntos en la reciente visita del Pontífice). RTVV ha suscrito contratos leoninos para los derechos del fútbol (ahora suspendidos por no pagar) y de la Fórmula 1. El Consell ha renovado avales, ha permitido un endeudamiento inasumible y tiene que responder de él. Pero tampoco tiene dinero. Tiene que afrontar la situación de una televisión con 47 millones de capital social en negativo (que equivale a un cierre directo) y que no ha encontrado, como dijo Jaraba, quien le preste el dinero ni con aval del Consell. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo afrontar la también inevitable regulación de empleo? La privatización vuelve a escena intentando salvar los escollos legales que hace seis años la frenaron.