Obreros lusos ratifican ante el juez sus denuncias por explotación laboral

Cuatro obreros portugueses de los más de 200 que trabajan por la empresa Dabalpo en diversas subcontratas de obra pública de Galicia denunciaron ayer, en un juzgado ourensano, sus condiciones laborales de "explotación" para reclamar el pago de las horas extraordinarias que aseguran que realizan sistemáticamente, de lunes a viernes. La suma de horas impagadas que los trabajadores reclaman es de 10 por semana durante un año, el periodo máximo por el que se puede reclamar judicialmente. Para justificar su reclamación aportaron copias de sus cartillas y sus nóminas, que muestran el desfase entre lo que cobraron realmente y lo que la empresa declara.

Los demandantes, todos ellos portugueses, contaron con el respaldo de cinco compañeros de trabajo -entre ellos un gallego y un jefe de obra- que ratificaron su denuncia. Todos confirmaron el mismo horario laboral: de ocho de la mañana a una de la tarde con un espacio de una hora libre para comer y vuelta a la obra de tres a siete. La empresa mantiene que solo excepcionalmente, "cuando hay que echar hormigón", se incumple la jornada legal y que, en estos casos, las horas son compensadas con libranzas posteriores.

Los empleados ya han ganado dos pleitos contra la compañía

No es la primera vez que estos cuatro trabajadores se sientan en el juzgado de lo social para reclamar sus derechos. De momento, han ganado ya dos sentencias contra la empresa. La primera, que no es firme y que el empresario ha recurrido, les ha concedido la condición de fijos.

Dabalpo tiene una plantilla integrada por trabajadores a los que va encadenando contratos. En junio pasado, dio por finiquitado el de algunos de ellos. Los cuatro que ayer demandaron el pago de las horas extraordinarias recurrieron judicialmente el despido que el juzgado de lo social declaró improcedente. La empresa los ha readmitido mientras recurre esta sentencia con la esperanza de poder prescindir de ellos.

Tras esa denuncia, los cuatro trabajadores presentaron otra reclamando el pago de las vacaciones que Dabalpo les negaba. Otra sentencia, en este caso firme, obligó a la empresa a concedérselas.Ayer presentaron la última de sus reivindicaciones laborales. Por tercera vez acudieron al juzgado. Si ganan este juicio por las horas extraordinarias que aseguran realizar cada jornada, Dabalpo quedará obligada a cotizar por ellas.

Mientras los compañeros de trabajo de los demandantes ratificaron, uno tras otro, el horario mencionado de diez horas diarias, un representante de la gestoría contratada por la empresa aseguraba que las jornadas son "salvo excepciones" de ocho de la mañana a una de la tarde y de 14.30 a 17.30, y que en el caso de Galicia "solo se trabaja dos viernes por la tarde al mes".

Las denuncias judiciales de los trabajadores son el exponente de unas condiciones laborales que "atentan contra los Derechos Humanos", según explicaban ayer los cuatro demandantes, arropados por sus compañeros, en los pasillos del juzgado mientras detallaban que Dobalpo "tiene una sede de 80 metros cuadrados y más de 200 trabajadores en subcontratas de empresas españolas".

Los trabajadores aseguran que cuando firman el contrato con la empresa renuncian expresamente al cobro de las dietas y se comprometen a no reclamar nada a la Unión Temporal de Empresas.

El representante sindical de la CIG, Xosé Vicente González, que acudió con los trabajadores al juzgado, destacaba ayer el malestar del sindicato "no con la empresa, sino con las administraciones que se están lucrando con esta explotación" de trabajadores. González hace hincapié en el hecho de que buena parte de las obras que realizan en "condiciones infrahumanas" están incluidas en el Plan E "que pagamos todos los ciudadanos". "En Dabalpo, el único derecho que tenemos es el de trabajar", resumía en la puerta del juzgado uno de los demandantes.

"Supongo que la Inspección de Trabajo estará viendo con todo rigor esta y cualquier otras denuncia que se produzca en obras públicas", comentó, por su parte sobre el caso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello de ayer.