El PP aprueba en solitario la Ley de Autoridad del Profesorado

No ha logrado convencer al Consejo Escolar Valenciano. Ni a los sindicatos mayoritarios. Ni a la oposición parlamentaria. La Ley de Autoridad del Profesorado, que ayer se aprobó en las Cortes con el voto en solitario del PP, nace con un informe de tan solo tres folios -con membrete de la Consejería de Educación y un epígrafe que alude a un "comité de expertos del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Comunidad Valenciana"- que recomienda su "urgencia". Aunque el informe, que viene a decir lo mismo que el Preámbulo de la Ley, no lleva el nombre y apellido de ningún científico.

Este es el corto recorrido que ha tenido la tramitación y el debate de la segunda ley estrella de las dos legislaturas de Francisco Camps. La primera, la Ley de los Consejos Escolares sufrió el mismo vacío parlamentario, ante la negativa pública de los agentes educativos a la reforma promovida por Educación para dar más control del ente a la Generalitat. Ayer ni el presidente, ni su consejero Alejandro Font de Mora asistieron a la aprobación.

La Ley de Autoridad del Profesorado sólo añade la "presunción de veracidad", en el caso de que el profesor pueda constatar una agresión verbal o física. La defensa jurídica, que proporciona la Administración a sus funcionarios, ya venía garantizada por el Código Penal. Aunque la justicia le da un tratamiento de "agresión" y la falta se salda con una multa al agresor (sea alumno, padre o tutor), al no ser calificado de atentado. En ese sentido, la ley valenciana tampoco avanza.

La ley, según la diputada socialista Ana Noguera, "no aporta nada". La diputada María Barrieras del PP alega "demanda social", pero Josep Maria Pañella, de Compromís, afirma que está "vacía" y es "inútil". Marga Sanz de EU la considera un "galimatías".