El PP llevará al Congreso la ley para legalizar casas a 20 metros del mar

El PP sigue adelante en su intención de llevar al Congreso una propuesta de cambio de la Ley de Costas que, bajo el paraguas de dar cobertura normativa a los núcleos costeros tradicionales de Galicia -a los que la norma estatal no cubre-, permitiría la legalización de casas construidas en el litoral al amparo de un "acto administrativo público" que estén a 20 metros del mar, sean anteriores o no a la entrada en vigor de la ley estatal, en 1988. PSOE y BNG se opusieron a la iniciativa de los populares, que pasó ayer por la Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento.

"¿Quieren volver ustedes al Benidorm de los años sesenta?", empezó la nacionalista Teresa Táboas, que acusó al PP de electoralismo por no llevar la propuesta directamente a Madrid. Criticó, en ese sentido, que fuese José Fervenza -"su candidato en Moaña", apuntó- el que defendió en el pleno en septiembre la toma en consideración de la ley, en lugar del portavoz de Territorio, Román Rodríguez, interlocutor ayer en la comisión. Táboas acusó a los populares de usar conceptos indeterminados en la redacción de la ley. "Pretenden legalizar urbanizaciones por un acto administrativo", indicó.

Teresa Táboas: "¿Quieren volver al Benidorm de los años sesenta?"

La iniciativa plantea incluir en el indulto casas posteriores a 1988

La socialista Mar Barcón coincidió casi punto por punto con la representante del BNG, Reprochó al PP su intento de "demoler el espíritu" de la Ley de Costas. "¿Cómo se puede pretender la modificación de las condiciones de uso del dominio público marítimo-terrestre?", indicó sobre uno de los apartados de la iniciativa, que tachó de "dislate jurídico".

Llegado su turno, Rodríguez cargó contra la oposición, a la que acusó de no preocuparse de los vecinos de Marín. "Cristina no se puede hacer un cuarto de baño", lanzó, señalando un artículo de prensa que relataba las quejas de una vecina. Eludió, en cambio, responder a las críticas de sus oponentes respecto al alcance de la norma, excesivo al entender de estos. "Apóyenla ahora y si es tan mala, modifíquenla en el Congreso", llegó a proponer.

Tan solo respondió a Táboas sobre el significado de la referencia a los actos jurídicos que se hace en el articulado. "Debe ser una resolución", defendió. Después la acusó de cambiar de opinión respecto a la ley por haber apoyado su discusión en el pleno y rechazar ahora sus preceptos. Táboas ya había adelantado en el hemiciclo que presentaría enmiendas al texto del PP. "Ustedes se acordaron del cuarto de baño de esa señora la antevíspera de las elecciones de 2005", contestó después Barcón, en referencia al primer intento del PP de regular la cuestión.

Rescatar del limbo jurídico a los núcleos rurales costeros, de los que las zonas de Aguete, Casás, Loira, Teoira y Mogor en Marín son los ejemplos paradigmáticos, ha sido un quebradero de cabeza para la Xunta. Lo intentó tardíamente el Gobierno de Fraga a través de un decreto auspiciado por el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, a dos días de las elecciones autonómicas de 2005. El Gobierno central impugnó aquella norma -que superaba la cuestión de los núcleos tradicionales y pretendía delimitar las autorizaciones de la Xunta a todas las actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre- y el bipartito la rechazó tras su llegada al poder.

La coalición de socialistas y nacionalistas trató de regular la cuestión a su paso por la Xunta, pero se topó primero con el Consello Consultivo -que rechazó su revisión de oficio del planeamiento municipal de Marín- y después, de nuevo, con el Gobierno central, que recurrió ante el Tribunal Constitucional una disposición de la Ley de Vivienda según la cual se aplicaría a estos núcleos una servidumbre de 20 metros, en lugar de los 100 a los que ahora están sometidos. El BNG llevó al Congreso a finales del año pasado una propuesta para modificar la ley, que no ha prosperado.