Luna afirma que el PP dejará una hipoteca de 45.000 millones de euros

Costa dice que los socialistas "no son de fiar" y que la deuda se puede asumir

La rutina parlamentaria del debate de los presupuestos de la Generalitat se vio alterada ayer en las Cortes Valencianas por la intervención del portavoz socialista, Ángel Luna, en la defensa de la enmienda a la totalidad de su grupo en lugar de la portavoz de economía, Cristina Moreno. Su intervención, además, no fue solo un gesto para reafirmar su liderazgo cuando los populares arrecian en las críticas a rebufo de la querella que le han presentado. Luna hizo números y aseguró que el PP dejará, para las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, una "hipoteca de futuro" de 45.000 millones de euros "como herencia a los que vengan detrás".

Había presentado primero el proyecto de presupuestos el consejero de Economía y vicepresidente segundo, Gerardo Camps, que defendió el recorte del 4,7%, que deja el presupuesto en 13.714 millones en un contexto de crisis económica, dijo que se trata de unas cuentas de gran acento social, defendió la venta de patrimonio público por 392 millones como una "optimización", criticó la insuficiente financiación autonómica y proclamó que el Consell sigue fiel a su política de reducción de impuestos. "Los estímulos fiscales se consolidan en el tiempo", señaló Camps, para recordar que las rebajas fiscales ahorran 1.587 millones a los valencianos y vienen a compensar el aumento impositivo del Estado, que supone 1.157 millones.

La oposición critica que el Consell venda inmuebles para cuadrar las cuentas

Luna destacó las contradicciones entre lo proclamado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ausente del debate, como es habitual, en relación con la necesidad de mantener las inversiones y lo que refleja el proyecto de presupuestos, que consideró que parten de "una ficción" porque la ejecución presupuestaria acaba generando impagos y deudas cada vez más insostenibles. En opinión del portavoz socialista, las cuentas del PP "asfixian el funcionamiento de los servicios públicos" y no sirven para atajar la deuda. En ese momento fue cuando sumó los compromisos de pago de 30.000 millones reconocidos a 31 de diciembre de 2009, la deuda de 9.600 millones de las empresas públicas, el aumento del endeudamiento en 2.370 millones y el déficit que dejará el Plan Confianza, de unos 1.000 millones de euros. En total, 45.000 millones. "¿Cómo piensan hacer frente a todo esto?", preguntó.

El diputado del PP Ricardo Costa respondió con un ataque al Gobierno de España. "La carga financiera del Estado es de 74.000 millones y va a emitir deuda por 90.000 millones", alegó, tras rechazar la propuesta de Luna de cerrar un pacto de estabilidad porque los socialistas "no son de fiar". El diputado del PP argumentó que la valenciana es la comunidad "donde menos ha crecido el crecimiento del endeudamiento [sic]" y añadió: "Esa deuda la podemos asumir".

Los otros grupos de la oposición no fueron menos críticos con los presupuestos. Mireia Mollà, de Compromís, dijo que las cuentas están marcadas por el despilfarro, la externalización o privatización de servicios públicos y la corrupción que genera la falta de transparencia. Marga Sanz, de Esquerra Unida, calificó a las empresas públicas de "nidos de corrupción" y dijo que "siguen siendo las estrellas del presupuesto". Toda la oposición lamentó que la Generalitat tenga que vender inmuebles para cuadrar las cuentas. El PP rechazó las tres enmiendas a la totalidad.

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