Un informe jurídico tacha de ilegal el catálogo de medicamentos del PP

Un informe jurídico encargado por la patronal farmacéutica (Farmaindustria) al despacho de abogados Uría Menéndez concluye lo que ya advertía el Ministerio de Sanidad: Galicia no puede tener un catálogo de medicamentos propio que restrinja el número de fármacos sufragados por la Administración.

No tiene vinculación jurídica, pero es una opinión más contra lo que pretende hacer el Partido Popular, que en verano llevó al Parlamento una Proposición de Ley para crear este catálogo como medida de ahorro. La idea es seleccionar entre los medicamentos incluidos en el nomenclátor de toda España -que impone el ministerio- aquellos más baratos sin excluir ningún principio activo. "El mejor medicamento al mejor precio", repite el parlamentario Miguel Santalices. Sanidad ya había advertido de que la comunidad no tiene competencias para hacerlo. De hecho, el secretario general del ministerio, José Martínez Olmos, aseguró hace dos semanas en el Senado que "no va a haber diferencia entre autonomías".

La patronal espera que Madrid frene la ley que prepara el Parlamento

En esa misma línea va el informe jurídico de Uría Menéndez, que fue dado a conocer ayer por Farmaindustria. Recuerda la competencia exclusiva del Gobierno central a la hora de determinar los medicamentos que son financiables con fondos públicos. Entre otras normas, el catálogo se salta el artículo 20 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que enuncia que la cartera de servicios de las comunidades autónomas "incluirá cuando menos la del Sistema Nacional de Salud".

Los responsables de Farmaindustria, que representa los intereses de las marcas de medicamentos no genéricos, insisten en que si se hace se discriminará a los ciudadanos gallegos, que tendrían menos derechos que los del resto de España. Además, hacen hincapié en que, aun con el mismo principio activo, cada medicamento es distinto a otro por los excipientes o las cantidades exactas de estos principios. Sin embargo, no puede emprender medidas legales contra una ley aprobada por un Parlamento y confía en que el Gobierno recurra la ley si llega aprobarse.

El informe que presentaron ayer en Santiago también analiza considera que el catálogo "vulnera el derecho de los profesionales a la libertad de prescripción que cuenta con el único límite del nomenclátor autorizado por el ministerio".

Ante esta posibilidad, el Partido Popular ya había anunciado que durante la tramitación de la norma se incluirá una modificación para que los médicos puedan, en casos excepcionales y mediante un informe, prescribir otros medicamentos.

Esto no cambia nada en opinión de Farmaindustria. "Lo que no se puede es hacer un catálogo con menos fármacos", subrayó José Ramón Luis-Yagüe, director de relaciones con las comunidades autónomas de la patronal. Lourdes Fraguas, la directora del departamento jurídico, se preguntó por qué sólo se va a poder prescribir medicinas fuera del catálogo en "casos excepcionales". "Los médicos tendrían que hacer un informe para recetarlos, lo que pone trabas a la hora de prescribir", señaló.