El fiscal cree necesarias las escuchas que ordenó Garzón en el 'caso Gürtel'

El fiscal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir el sobreseimiento de la causa de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón a los cabecillas de la trama Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP, por entender que Garzón dejó a salvo los derechos de defensa y al secreto profesional de sus abogados.

Según el fiscal, el propio juez instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha dejado claro que existe una "defectuosa regulación legal" sobre las escuchas en prisión, normativa que es insuficiente para apreciar "no ya una ilicitud, sino una ilegalidad injusta de los delitos imputados". El fiscal replica así al durísimo auto del juez Jorge Barreiro, que acusó a Garzón de destruir el Estado de derecho por haber ordenado las escuchas.

El abogado querellante Ignacio Peláez y la Sala de lo Penal centraron la imputación de prevaricación contra Garzón en que este no podía haber ordenado las escuchas al amparo del artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que establece esa posibilidad solo para supuestos de terrorismo y con autorización judicial.

Sin embargo, el instructor Jorge Barreiro "provoca un giro esencial", puesto que ya no afirma que Garzón "no podía" adoptar esas medidas, sino que "podía, pero no en el caso concreto". Así, la ilegalidad no derivaría de una "errónea interpretación", sino del "incumplimiento de los requisitos legales exigibles", lo que a lo sumo generaría una nulidad.

Para la fiscalía, el debate debe centrarse en las razones de por qué Garzón podía ordenar las escuchas en ese caso concreto, y por qué el juez Jorge Barreiro sitúa a los abogados como sujetos de las escuchas, cuando los destinatarios eran los presos.

Según el fiscal, Garzón contaba con indicios de que determinados abogados habían intervenido ya en operaciones tendentes al blanqueo de dinero y había acordado la prisión de alguno de ellos. Había indicios de otras operaciones que habían quedado en suspenso y que precisaban que los presos de la Gürtel transmitieran instrucciones al exterior. El fiscal insiste en que se trataba de investigar un delito grave, eran necesarias las escuchas y la complejidad de las maniobras delictivas exigía mantenerlas.

En lo que el fiscal difiere del juez Barreiro es en que Garzón "dejó a salvo el derecho de defensa" en dos resoluciones, y no lo hizo con una "mera cláusula de estilo", puesto que limitó las escuchas al centro penitenciario y excluyó las conversaciones de los autos. Por tanto, dejó a salvo también el derecho al secreto profesional de los abogados.

Por su parte, el juez Barreiro prorrogó ayer por otro mes el secreto sobre los documentos del caso Gürtel remitidos por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira. La fiscalía ya le advirtió de que puede estar generando "indefensión" a Garzón por tolerar que se formulen escritos de acusación en una causa que todavía sigue parcialmente bajo secreto.