Jornalero y patrón del SOC

Conflictos laborales hay a diario. Un supuesto despido irregular y acusaciones por acoso y conducta antisindical son habituales. Pero no es tan normal que los protagonistas de esta situación sean un jornalero que ha protagonizado ocupaciones históricas junto al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y un alcalde que se define como fundador de esta misma organización. El escenario, Martín de la Jara, en la Sierra Sur de Sevilla donde nació el movimiento campesino y donde empienzan a evidenciarse signos de desgaste.

Pedro Ruiz León era la imagen más visible de un grupo de jornaleros manifestándose en la finca Navacerrada durante una campaña de ocupaciones del SOC a principios de los ochenta. Su fotografía sirvió de emblema del sindicato al que también pertenece desde entonces José Antonio Mesa, actual alcalde de Martín de la Jara por IU. Casi 30 años después, el primero, jornalero y trabajador habitual del Plan de Empleo Rural (PER), ha denunciado al segundo por supuesto despido improcedente, contratación fraudulenta y persecución sindical.

El alcalde afirma que los delegados de CGT quieren un contrato a dedo

Antiguos miembros del SOC creen que se ha degradado la organización

El alcalde niega todos los aspectos de la denuncia y culpa a los delegados sindicales del Ayuntamiento, de la Confederación General del Trabajo (CGT), de estar detrás de la situación. Estos afirman que la "persecución" comenzó cuando este sindicato exigió la convocatoria de elecciones y las ganó.

En la demanda, el abogado Luis de los Santos argumenta que Pedro Ruiz ha sido empleado de forma encadenada para trabajos del AEPSA (antiguo PER) y del Ayuntamiento desde 2002. Añade el letrado que el temporero ha realizado servicios para los que no fue contratado. En la demanda se considera que recurrir a la figura de obra y servicios es una "contratación fraudulenta", que el jornalero debe ser considerado fijo discontinuo y que el despido por "falta de llamamiento" es improcedente.

Los argumentos del abogado del jornalero incluyen que el despido puede ser considerado nulo porque "carece de soporte jurídico" y "se ha producido como represalia a la acción sindical". Pedro Ruiz es ahora miembro de CGT.

El alcalde es tajante al defenderse. "Pedro Ruiz es un trabajador del PER y se le ha acabado el contrato". Afirma que no se pueden considerar fijos los temporeros del PER porque entonces sólo accederían al empleo un 10% de los demandantes y que los criterios de contratación, que establece el INEM, impiden volver a contar con él. Cree que los delegados de personal de CGT tienen la culpa. "Ellos quieren que lo contrate a dedo y no lo he hecho con nadie", afirma.

"Vamos a demostrar en los juzgados que el enchufismo no solo ha sido una práctica habitual en los más de 30 años que lleva Mesa como concejal sino que, además, se ha lucrado con esa práctica deshonesta e inmoral", amenazan los sindicalistas.

Esta guerra tiene antecedentes. Ya en diciembre de 2008, un representante sindical firmó un acuerdo con el alcalde en el que éste se comprometía a convocar elecciones sindicales y la CGT de Sevilla, a retirar una demanda por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

Ahora está en estudio otra demanda contra el alcalde por no aportar los medios suficientes para que los delegados sindicales cumplan sus funciones. Y uno de los delegados le ganó a Mesa una querella por injurias. El alcalde le culpó de la depresión de un trabajador y le espetó: "El responsable de toda la situación eres tú, la demanda la has puesto tú, eres un cabrón, maricón, hijo de puta". Fue condenado a una multa de 100 euros.

Los sindicalistas del pueblo creen que el problema nace por la degradación del SAT, la división general del SOC. "Ha dejado de ser independiente. Es el fracaso de un sindicato que nació como alternativa, como espacio de encuentro. El SAT se crea con cargos de IU y falta renovación. Son 30 años con los mismos modos".

En el conflicto quedan aún acusaciones sin resolver por supuestas represalias contra empleados, por el cierre de locales, como la ludoteca, y por la negativa a negociar un convenio. Son signos de crisis en la cuna del movimiento jornalero.