Arquitecturas por definir en la UE

Esta semana se han producido noticias importantes en uno de los temas que debería ayudar a cimentar las bases de la recuperación en Europa y a evitar futuras crisis: la reforma del marco de gobernabilidad y de coordinación fiscal. Las novedades provienen de dos frentes. Por un lado, el grupo de trabajo sobre gobernabilidad liderado por el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, ha propuesto una serie de medidas con el objetivo de reforzar el Pacto de Estabilidad; por otro, la cumbre franco-alemana ha dado lugar a un pacto que en parte debilita lo acordado por ese grupo de trabajo.

La reforma del Pacto de Estabilidad no contiene grandes sorpresas: se refuerzan y adelantan las sanciones para los países que no cumplan con sus obligaciones fiscales, haciéndolas más automáticas, se incluye el nivel de deuda pública como criterio para sanciones y se toman en cuenta los desequilibrios macroeconómicos en un sentido más amplio. Además, se aboga por la implantación del semestre económico (supone el control adelantado de presupuestos nacionales por parte la Comisión Europea) y por la introducción de órganos independientes de control presupuestario a nivel nacional.

Los cambios en el Pacto de Estabilidad no van a contribuir a disipar las dudas sobre crisis futuras

Todos estos elementos apuntan a una mayor coordinación, pero no suponen un giro importante respecto a los mecanismos ya existentes si no van acompañados de una aplicación efectiva. Y es aquí donde entra en juego lo acordado por Francia y Alemania: mientras que la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) abogaban por la aplicación automática y temprana de las sanciones monetarias, Alemania y Francia van a proponer que las sanciones sean sometidas al voto del consejo por mayoría cualificada; es decir, sujetas de nuevo a negociación política y de más difícil cumplimiento.

Se ha optado por esta relajación de criterios a cambio de impulsar el establecimiento de un mecanismo de resolución de crisis. A falta de conocer el resultado final, parece que Francia ha accedido a reformar el Tratado de Lisboa para introducir la eventual retirada de derechos de voto para los países incumplidores y el establecimiento de un Fondo Monetario Europeo que sustituya al actual fondo europeo de estabilidad, que Alemania no quiere ver prolongado más allá de sus actuales tres años de vigencia.

Aparte de un mayor control global de variables adicionales al déficit (deuda, competitividad), no hay grandes cambios en el Pacto de Estabilidad, lo cual no va a contribuir a disipar las dudas sobre posibles crisis futuras, ni va a aumentar la presión para reducir los desequilibrios excesivos. Toda la fuerza de presión para evitar grandes desequilibrios fiscales queda en función de un mecanismo de resolución que está aún por definir y que puede resultar una intervención demasiado tardía si no se aplican remedios en las primeras fases de aparición de dichos desequilibrios. Y, más allá de la retirada del poder de voto (que parece un instrumento poco democrático y de difícil aplicación práctica), la clave estará en cómo se formularán los eventuales procedimientos de gestión de crisis.

Miguel Jiménez González-Anleo es economista jefe para Europa de BBVA Research.