El PSPV tiende la mano al PP para mejorar la ley de autoridad del profesorado

¿Quién le otorga la autoridad al docente? El Código Penal. Aunque de forma muy interpretativa. La agresión física o insulto a un profesor está penada como una falta y no como un delito de atentado a la autoridad pública. Por tanto, se salda con una multa de 120 euros, como ha ocurrido este año en un colegio de Alicante. Esta desprotección tampoco la resuelve el proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado de la Consejería de Educación. Ni blinda la asistencia jurídica del profesorado de la red privada-concertada, ya que no tiene la consideración de "funcionario público". Ana Noguera, la portavoz socialista de Educación en las Cortes, ofreció ayer su mano tendida al consejero Alejandro Font de Mora para "mejorar" el texto, si el grupo parlamentario del PP está dispuesto a "negociar todas las enmiendas".

Los socialistas han presentado 20 enmiendas; Esquerra Unida, 21 y Compromís, 25. Aunque ambos grupos trataron de forzar la retirada del texto mediante una enmienda a la totalidad que no prosperó por la mayoría popular.

Ley con "coste cero"

El consejero Alejandro Font de Mora defendió, casi en soledad ante la ausencia de prácticamente todo el Gobierno valenciano, la segunda ley estrella de educación de la era de Francisco Camps. Font de Mora justificó la ley -que para la oposición en bloque es pura "propaganda" por tener "coste cero"- porque "esta norma jurídica reconocerá, por primera vez y con rango de ley, la autoridad del personal docente y la presunción de veracidad de los hechos constatados en el ejercicio de sus competencias correctoras o disciplinarias".

Una jerga que suena a "autoritaria" y "coercitiva" para Marga Sanz coordinadora de EU. Sanz recordó que la responsable de conceder la autoridad al docente es la Administración y, entre los altos cargos del PP, ha habido desde "los insultos al profesorado de Alfonso Rus [presidente de la Diputación de Valencia]", a "la humillación de poner un traductor a los profesores de Educación para la Ciudadanía", o "la persecución de los directores de centros públicos". Para el diputado de Compromís Josep María Pañella, el proyecto contiene una "doble mentira" porque "ni modifica el Código Penal, ni se puede aplicar la autoridad en los centros privados".

"Las enmiendas pueden dar la vuelta a una ley incompleta: poner los palos que le faltan para construir la cabaña", concluyó Noguera.