El fiscal pide que se inhabilite a una edil por vetar un homenaje a Foxá

La fiscalía ha pedido siete años de inhabilitación para la concejal de Izquierda Unida en Sevilla Josefa Medrano por prohibir un homenaje al escritor franquista Agustín de Foxá y supuestamente cometer un delito de prevaricación. La edil de Participación Ciudadana impidió la celebración del acto en un centro cívico municipal hace un año tras alegar que el escritor tenía un pasado franquista y por respeto a la Ley de Memoria Histórica.

La juez Mercedes Alaya ya procesó a Medrano hace dos semanas y ahora la fiscalía ha pedido su inhabilitación tras la petición de las asociaciones organizadoras del acto, Fernando III y Ademán, que solicitaron dos años de prisión y 11 de inhabilitación. "La delegada de Participación Ciudadana acordó de forma arbitraria, sin motivar, teniendo conocimiento de la legalidad de la autorización ya concedida, y dada la ideología ligada a la Falange y al Franquismo del escritor Agustín de Foxá, denegar el espacio solicitado", argumenta el fiscal Carlos Bedate.

El acto se celebró en el patio del centro cívico "consentido por los encargados municipales presentes en aquel momento (...) desarrollándose sin incidencia alguna". El fiscal subraya asimismo que no concurre "responsabilidad criminal" de Medrano, pero esta sí debería responder por un delito de prevaricación que conlleve la inhabilitación de siete años y las costas del proceso. El fiscal afirma en su escrito que el homenaje tenía "carácter literario", tal y como constaba en las invitaciones del acto.

Para evitar "altercados"

Medrano rehusó ayer pronunciarse sobre la petición del fiscal. El pasado verano, la edil dijo ante la juez que prohibió el homenaje para evitar "altercados" ante las protestas de grupos antifascistas, pero alegó que desconocía el "carácter cultural" de los convocantes y negó haberlo decidido "por motivos políticos".

Hace una semana, Medrano rechazó su procesamiento en un recurso ante la Audiencia Provincial: "No puede concluirse que se desautorizara (...) por motivos políticos e ideológicos. Se revocó la autorización (...) sin que consten los motivos de dicha decisión". Para la edil, la prohibición no contenía "motivación expresa y escrita, pero esto no autoriza a suponer ni mucho menos a deducirla de los artículos periodísticos publicados en aquellas fechas".

Su defensa acusa a la acusación particular de "haber contaminado indebidamente el procedimiento (...) para entorpecer la labor del juzgador con juicios paralelos". Medrano añade que desconocía que el homenaje sería "literario" y que decidió suspenderlo ante la posibilidad de que se produjeran altercados. Además, alega que su procesamiento conllevaría someterse a la "pena social de banquillo". Finalmente, Medrano concluye que el derecho penal no debe solucionar este conflicto.